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14/11/2023
Superado (o no) el  inicial  escepticismo  “lampedusiano”  en torno al cambio de sistema que supuso la entrada en vigor de la ley 8/2021, de 2 de junio,  e inmersos por imperativo de su transitoria quinta en la fase de revisión judicial de medidas adoptadas bajo la legislación anterior, el Tribunal Supremo aborda en las recientes sentencias nº1443 y 1444 de 20 de octubre de 2023, la interrelación entre guarda de hecho y curatela representativa.

La sentencia nº1443 (Ponente: Sancho Gargallo) Roj: STS 4212/2023-ECLI:ES:TS:2023:4212, referida a recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, por infracción de los artículos 255, 263 y 269 CC,  al haberse constituido en el procedimiento una curatela representativa, que el recurrente entiende innecesaria por la prestación de medidas de apoyo a la persona con discapacidad mediante el ejercicio de guarda de hecho.  Y la  nº1444, relativa a recurso de casación interpuesto por el Fiscal por infracción de los arts.250, 255, 268 y 269 del Código civil, en el que se defiende que las dificultades prácticas alegadas por la guardadora para desempeñar el apoyo no justifican la medida judicial de la curatela representativa.

Ambos recursos son desestimados y  resaltan dos cuestiones clave. De un lado, cómo ha de interpretarse el último párrafo del art.255 del Código civil. Y de otro, la necesidad de constituir una curatela representativa cuando las circunstancias del caso concreto, revelan a través de la prueba practicada en el procedimiento, la insuficiencia de la guarda de hecho.

La sentencia nº1444 (Ponente: Parra Lucán) Roj: STS 4129/2023-ECLI: ES:TS: 2023:4129, explica respecto del artículo 255 CC:, “Como ya hemos señalado al interpretar el último párrafo del artículo 255 CC, la norma se entiende bajo la lógica de que la insuficiencia de un apoyo informal, como es la guarda de hecho, aflora también cuando quien lo presta lo pone de manifiesto, y advierte la necesidad de una constitución formal del apoyo, que facilite en sus específicas circunstancias prestar su función de asistencia y representación del mejor modo” – Fundamento de Derecho segundo, 5-.

Y señala en relación con las dificultades diarias para el ejercicio de las medidas de apoyo probadas en autos: “(…) cuando por la discapacidad que afecta a la persona no puede prestar consentimiento y es precisa de manera diaria la actuación representativa de quien presta el apoyo, es obvio que la necesidad de acudir al expediente de previa autorización judicial de manera reiterada y continua revela la insuficiencia de la guarda de hecho (…)” – Fundamento de Derecho segundo, 4- .

Ambas sentencias advierten, además, de los riesgos derivados de una interpretación rígida del precepto - que supondría en la práctica negar siempre la constitución de la curatela si ya existe una guarda de hecho-; así como del que resulta de otorgar una connotación negativa a la provisión judicial del apoyo - cuando lo esencial es la prestación del apoyo que se precisa-.

En conclusión, no cabe negar la constitución judicial de una curatela representativa, solo porque en la práctica ya se venga produciendo una situación de guarda de hecho de la persona que precisa apoyos por razón de su discapacidad, si quien ejerce la guarda pone de manifiesto en el procedimiento la insuficiencia de esta y la conveniencia de la curatela, en aras a prestar mejor el apoyo a la persona que lo necesita. 



MARÍA GACIO
Foz, 12.XI.23




CONSTITUCIÓN DE CURATELA REPRESENTATIVA POR INSUFICIENCIA DE GUARDA DE HECHO. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Nº1443 Y 1444, DE 20 DE OCTUBRE DE 2023.
06/09/2023
La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2023 (Ponente: Seoane Spiegelberg) -Roj: STS 2539/2023- ECLI:ES:TS:2023:2539), estima el primero de los dos motivos que conforman el recurso de casación, declarando vigentes y vinculantes para las partes litigantes, los acuerdos alcanzados en convenio suscrito pero no ratificado judicialmente.

La sentencia de casación trae causa de una demanda de modificación de medidas adoptadas en sentencia de divorcio, a la que la parte demandada formula oposición, interesando la desestimación del escrito rector con mantenimiento de las medidas acordadas en autos de divorcio, solicitando además la declaración de nulidad de convenio regulador de fecha 3 de febrero de 2020 otorgado por los excónyuges, y que no habían llegado a ratificar judicialmente – vid.antecedente de hecho primero 3.-.

Se interpone recurso extraordinario por infracción procesal -que es desestimado- y de casación, con formulación de dos motivos, de los que tan solo se estima el primero por infracción de los arts.1255, 1258 y 1091 del Código civil.

El caso analizado puede resumirse, en líneas generales, así: Las partes litigantes habían otorgado convenio regulador, que no ratificaron judicialmente, pero que sí empezaron a cumplir, por el que modificaban diversas medidas contenidas en el convenio regulador de divorcio. Las medidas modificadas se referían al régimen de guarda y custodia del hijo menor de 16 años de edad, pensión de alimentos a abonar por la madre, importe de la pensión compensatoria, así como la reducción de una partida indemnizatoria – para mayor detalle, vid. Fundamento de Derecho Primero, 2º-. El motivo del recurso de casación se centra en la eficacia del convenio.

El alto Tribunal estima el motivo, dado el carácter vinculante de los negocios jurídicos de familia, cuyos límites vienen configurados en el art.1255 (leyes, moral, orden público); siempre que se acomoden a los requisitos expresados en el art.1261 (consentimiento, objeto y causa) así como a las exigencias de forma “ad solemnitatem” que exige para determinados negocios jurídicos el art. 1280 – todos los artículos citados, del Código civil-.   

Es destacable por su aplicación y repercusión práctica la mención contenida en la sentencia, referida a otras dos de 2018, que integran la extensa y consolidada doctrina jurisprudencial que se tiene por infringida, y que son:

1.- La sentencia de 15 de octubre de 2018 , que señala que el convenio regulador no puede tacharse de ineficaz por carecer del requisito de ser aprobado judicialmente” afirmando  el carácter eficaz y vinculante de aquellas medidas relativas a hijos menores de edad sin que haya recaído aprobación judicial “siempre que no sean contrarias al interés del menor, y con la limitación impuesta en el art.1814 CC, esto es, no cabe renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni puede compensarse con una deuda entre los progenitores ni someterse condicionalmente en beneficio de los menores”

2.- La de 7 de noviembre de 2018, que recuerda que el convenio firmado pero no ratificado judicialmente “carece de eficacia procesal, pero no por ello la pierde como un vinculante negocio jurídico de familia, sin que quepa atribuirle la condición de simple elemento de negociación”.
  Y que además describe el escenario al que se enfrenta la parte litigante, que como en el caso de autos, pretende la declaración de ineficacia del convenio regulador, al decir: “Por tanto, una vez aportado con tal naturaleza al proceso contencioso, la parte que lo suscribió pero no lo ratificó en presencia judicial, tendrá que alegar y justificar, en este proceso, las causas de su proceder; bien por el incumplimiento de las exigencias del art.1255 CC, bien por concurrir algún vicio en el consentimiento entonces prestado en los términos del art.1265, o por haberse modificado sustancialmente la circunstancias que determinaron el inicial consenso, que nada tienen que ver con cambio de opinión injustificada, sobre todo en supuestos como el presente en los que cada cónyuge intervino asesorado de letrado en la redacción y suscripción del documento”.

Así las cosas, y dado el marco legal y jurisprudencial infringido, la sentencia casa la de apelación que había negado eficacia vinculante al convenio, subrayando no solo que el convenio no ratificado es expresión de las facultades de autorregulación de las partes otorgantes; sino también, la inexistencia de vicios del consentimiento que fundamenten su anulabilidad; aparte, la eficacia jurídica de los actos propios; y considerando además, que la finalidad y contenido del convenio es coherente con el cambio de circunstancias de hecho a que se refiere y que se especifica en el clausulado del mismo.



María Gacio López
Abogada
Foz, 6.IX.23


LA EFICACIA DEL CONVENIO REGULADOR SUSCRITO PERO NO RATIFICADO JUDICIALMENTE: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 6 DE JUNIO DE 2023.-
23/02/2023
BLOG (NO SOLO) DE DERECHO
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo civil y penal, de 25 de enero de 2023 (Roj: STSJ GAL 401/2023- ECLI:ES:TSJGAL: 2023:41) estima recurso de casación  y revoca la de apelación dictada por la Audiencia Provincial de Lugo de 20 de abril de 2022 (Roj: SAPA LU 563/2022- ECLI: ES:APLU:2022:563), confirmando así la dictada por el Juzgado de primera instancia nº1 de Mondoñedo.

En consecuencia, se declara la obligación del heredero de formalizar inventario de bienes y derechos que integran la herencia de la testadora, y el derecho de la recurrente y legitimaria a recibir lo que por legítima le corresponda, con condena del demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y todo ello sin que sea necesario esperar a la extinción del usufructo universal y vitalicio ordenado por la testadora a favor del cónyuge viudo.

Estas son, en síntesis, las líneas fundamentales de la sentencia:

I.- Contiene una inicial referencia a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario – desestimada en instancia y apelación- , opuesta por la representación del heredero demandado, quien interesaba la llamada al procedimiento del cónyuge viudo.

La sentencia de apelación había precisado al respecto que: “… únicamente ostentan legitimación pasiva para la satisfacción de este derecho las personas a las que se refiere el art.249 LDCG, esto es, el heredero, el comisario o contador-partidor o el testamentero, únicos facultados por ley para el pago de la legítima, formalizar inventario y valoración de los bienes. Careciendo el cónyuge viudo en consecuencia, de legitimación pasiva para soportar la acción que se entabla en autos, malamente puede sostenerse que la relación jurídico procesal no se ha constituido válidamente por el hecho de no haber sido llamado aquel a los autos(…)"– vid.Fundamento de Derecho primero-.

Y la de casación, aún cuando el heredero ostenta la posición de recurrido,  se detiene en el análisis de la excepción, e indica en el Fundamento de Derecho Segundo lo siguiente: “ la cuestión litigiosa, y esto es muy importante, no se refiere a la modificación o extinción del usufructo, de lo que se sigue que tiene toda la lógica que Juzgado y Audiencia rechazaran la excepción de litisconsorcio pasivo necesario en la medida en que la propia configuración de la litis ya deja al margen la posición del usufructuario, que parte de que no se verá afectada”. 

Ambos pronunciamientos dan la clave, a mi parecer, para analizar el art.231 de la LDCG y percibir que el legislador autonómico tuvo la cautela de facultar al legitimario para exigir fianza al viudo, si bien no hizo lo mismo con la obligación de formar inventario. Y las consecuencias de esto último no son menores.

Así, el heredero resulta obligado a la elaboración del inventario (art.249 LDCG)  para el pago de la legítima, mientras que la posesión de los bienes, derechos y acciones que integran la herencia, es detentada por el cónyuge viudo y usufructuario universal. Esta falta de cohesión normativa entre ambas figuras no facilita el desenvolvimiento práctico – ni en el ámbito extrajudicial ni en el judicial- de la legítima en cuanto a la realización de las operaciones de inventario, por más que su pago sea efectivamente una cuestión ajena al viudo usufructuario de la herencia. 

II.- Señala la sentencia de casación en el Fundamento de Derecho segundo que: “A nuestro criterio, sin embargo, el hecho de que el heredero pueda abonar la legítima en metálico extrahereditario, aunque no pueda ser compelido a ello pone ya de manifiesto la realidad de que la legítima pueda ser pagada aún mediando usufructo, pues elementalmente, si el pago se hace con bienes no hereditarios, en nada se afecta al usufructo del cónyuge viudo”.

Razonamiento jurisprudencial que sirve, de una parte, para reforzar la opinión doctrinal que precisa que el usufructo universal del cónyuge viudo en realidad grava la herencia, y no la legítima. Y de otra, reafirma el distinto grado de dinamismo de la legítima, una vez el heredero opta por abonarla con bienes de la herencia o, por el contrario, con metálico extrahereditario.

Si el instituido heredero opta por lo primero, el usufructo del cónyuge viudo supondrá la mera atribución de la nuda propiedad al legitimario y el aplazamiento de la consolidación del dominio. Y aunque esto último no debe servir para cuestionar el peso necesario de la tradición (que sustenta figuras como el usufructo del cónyuge viudo), sí permite reflexionar sobre aspectos que ahondan en el comportamiento procesal de la legítima.

Ocurre así con el difícil encaje de la acción para su pago, huérfana de normas procesales que sustenten las singularidades de la figura por razón de su naturaleza (pars valoris), frente al legitimario del Derecho civil común (pars bonorum) y legitimado activamente para instar el juicio divisorio de herencia -arts.782 y ss. L.E.C.-. Lo que, a efectos prácticos, supone en el caso autonómico, diferir el debate y resolución de las cuestiones nucleares del litigio- más allá del mero reconocimiento del derecho a la legítima, en sentencia dictada en juicio declarativo-  al trámite de ejecución de sentencia. Y todo ello en el contexto de una sociedad que concibe la realidad en clave de inmediatez.
 
III.- Finalmente la sentencia contiene una alusión al plazo de prescripción de la acción de pago de legítima, que el art.252 de la LDCG establece en 15 años a contar desde el fallecimiento del causante, y resalta el efecto paradójico que podría darse de tener que esperar a la extinción del usufructo para el ejercicio de dicha acción, en el caso de que la vigencia del derecho de usufructo se prolongase en el tiempo y superase el citado plazo de prescripción.

Concluye así el Fundamento de Derecho Segundo: “ (…) de mantenerse la tesis de la sentencia apelada y tener que esperar, en el presente caso, la legitimaria, a la extinción del usufructo del cónyuge viudo, podría darse el caso de que el ejercicio de la acción de reclamación de hubiese prescrito, lo cual no es en modo alguno una opción compatible ni con la concurrencia entre los derechos del usufructuario y legitimarios, ni tampoco puede entenderse comprendida como hipótesis en la disposición testamentaria”



María Gacio
Abogada
Foz, 21 de febrero de 2023








 




DERECHO CIVIL DE GALICIA: EL PAGO DE LA LEGÍTIMA. LA HERENCIA GRAVADA CON USUFRUCTO UNIVERSAL Y VITALICIO A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO. LA SENTENCIA TSJGALICIA, SALA DE LO CIVIL Y PENAL, DE 25 DE ENERO DE 2023.-
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