PRÁCTICA JURÍDICA

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08/11/2019
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS Sala de lo civil, de 8 de octubre de 2019 (Roj: STS 3014/2019), admite el reenvío –artículo 12.2 del Código civil- y por tanto, la aplicación de la ley sucesoria española en un supuesto en el que la causante, de nacionalidad británica, tenía su domicilio en España, y estaban ubicados en España los inmuebles de la sucesión.

En el caso de autos, la causante - de nacionalidad británica, y residente en España desde 1978-  había fallecido el 17 de junio de 2007 en Mijas bajo testamento otorgado ante notario el 22 de junio de 2004. En dicho testamento había instituido heredero de todos sus bienes y derechos sitos en España a su marido, con quien había contraído matrimonio en 1986. Para el caso de premoriencia de este, nombraba heredera a su hija, hija de un matrimonio anterior, y manifestaba que en cuanto a los demás derechos que posea en el extranjero, dispondría por separado en otro testamento.

La aplicación del reenvío al caso de autos, determinó la estimación del recurso de casación, y con ello la estimación de la demanda en el sentido de declarar la aplicación de la ley española a la sucesión de la causante, con declaración de que la demandante es legitimaria en la sucesión de su madre, y la reducción de la institución del heredero testamentario en la parte que perjudique la legítima de aquella.

La fecha de la apertura de la sucesión  -17 de junio de 2007- determina que la ley aplicable a la sucesión, resulte de la aplicación de los artículos 9.1 y 9.8 del Código civil. Asimismo, la estimación del recurso de casación, se produce por la correcta interpretación de los artículos 9.8 y 12.2 del Código civil.

Es de sumo interés el razonamiento del Tribunal en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, apartado C/, al exponer que: “(…) El último domicilio de la causante se encontraba en España, tal y como ya se hiciera constar en el testamento, por lo que la norma de conflicto remite para la sucesión de los bienes muebles al Derecho español. Por lo que se refiere a los inmuebles, dice ahora el recurrido en su escrito de oposición que no existe prueba ni ha habido discusión sobre si el bien inmueble en España es el único de la herencia. Este argumento no puede ser atendido (…)”.

De lo anterior, pueden extraerse dos conclusiones prácticas interesantes en materia de prueba.

1/ Parece que no fue cuestión controvertida en esta litis el domicilio de la causante, a diferencia de lo que sí ocurrió en la STS Sala de lo Civil, de 5 de diciembre de 2018 (Roj.: STS 4139/2018), donde se aborda la diferencia a efectos sucesorios entre el lugar de residencia (en España) y el domicilio del causante (en Leeds, Inglaterra). Controversia que en la mencionada sentencia se resolvía a favor del domicilio, que debía determinarse de acuerdo con el ordenamiento inglés, descartando así la aplicación del artículo 40 del Código civil, y subrayando la importancia del arraigo, que resultaría no solo de la existencia de cuentas bancarias abiertas en dicha localidad inglesa, sino también de la propia manifestación del testador que al otorgar testamento señala que tenía domicilio británico a efectos sucesorios.

2/ Sí fue objeto de examen en la STS de 8 de octubre de 2019 la alegación efectuada por el recurrido de la ausencia de prueba o discusión acerca de la posible existencia de otros inmuebles en el extranjero, lo que sí derivaría, de acuerdo con la tesis de aquel, en un fraccionamiento de la sucesión de estimarse el reenvío a la ley española que defendía la recurrente.

Sin embargo, esta alegación es descartada por la sentencia, al señalar: “ A estos efectos, hay que advertir que, de acuerdo con la doctrina científica, la unidad  legal de la sucesión se refiere a la sucesión litigiosa en España, por lo que aún en el caso de que hipotéticamente hubiera inmuebles situados en el extranjero, y como dice el recurrido, el resto de la sucesión se pudiera tramitar por autoridades extranjeras que excluyeran de su conocimiento el inmueble sito en Mijas (España), al que se refiere el presente litigio, tal fraccionamiento no podría ser solucionado por los tribunales españoles. El presente litigio se ocupa de la sucesión ordenada en el testamento, que expresamente se refiere a los bienes y derechos sitos en España. En consecuencia, en el presente caso, en virtud del reenvío previsto en el art.12.2 CC, la unidad de la sucesión litigiosa en España queda garantizada mediante la aplicación de la ley española, con la que además la sucesión guarda una conexión más estrecha que con la derivada de la nacionalidad de la causante, dado que la misma residía en España, donde falleció, y donde se encuentran los bienes que se han identificado del caudal hereditario (…)”.

En todo caso, tanto en la sentencia de 8 de octubre de 2019, como en la de 5 de diciembre de 2018, late el respeto al principio de unidad y universalidad de la sucesión (artículo 9.1 C.C.),  aunque lleve a soluciones diversas, lo que supone en  la  más reciente sentencia de 8 de octubre de 2019, el reenvío a la ley española, y por tanto, la aplicación de las normas españolas sobre la legítima. 

El escenario normativo que surge con la aplicación del Reglamento (650/2012) europeo de sucesiones, otorga prioridad al principio de la autonomía de la voluntad, y la “professio iuris” del artículo 22 es expresión de la libertad del testador y de su derecho a elegir la ley de su sucesión,  y excluye en consonancia con lo anterior, el reenvío –artículo 34-.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, noviembre de 2019



















11/10/2019
Artículo 1346 del Código civil: "Son bienes privativos de cada uno de los cónyuges:

1º Los bienes y derechos que le pertenecieren al comenzar la sociedad.

(…)".



Con fundamento en la infracción del artículo 1346 del código civil, se interpuso recurso de casación (nº 3860/2016) ante la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, que fue estimado parcialmente en virtud de sentencia 386/19, de 3 de julio (Roj: STS 2252/2019). La sentencia aborda la discusión sobre la pertenencia a la sociedad de gananciales de la indemnización laboral por despido cobrada, vigente la sociedad, con la particularidad de que el contrato de trabajo se había iniciado antes de la constitución de dicha sociedad de gananciales.

Dispone el Fundamento de Derecho segundo de la sentencia que:

“  Como recuerda la sentencia 596/2016, de 5 de octubre, esta sala ha mantenido en las sentencias 216/2008, de 18 de marzo, y 429/2008, de 28 de mayo, que la indemnización cobrada en virtud del despido en la empresa donde trabajaba un esposo debe ser considerada ganancial porque tiene su causa en un contrato de trabajo desarrollado a lo largo de la vida del matrimonio, pero solo por los años trabajados durante la vigencia del régimen de gananciales; en consecuencia, no tienen carácter ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales”

La sentencia de instancia (de 2 de diciembre de 2014 del Juzgado de primera instancia nº3 de Leganés), confirmada por la de apelación de 27 de enero de 2016 de la Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid, había incluido en el activo de la sociedad de gananciales, un crédito de la sociedad frente al esposo por el importe de la indemnización por despido percibida por este el 20 de septiembre de 2011.

La STS 386/19 de 3 de julio, al casar parcialmente la sentencia falla que: “solo procede incluir dentro del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, lo que se fijará en ejecución de sentencia”.

Así, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo consolida la línea jurisprudencial iniciada por dicho Tribunal con la  STS nº 216, de 18 de marzo de 2008 (Roj: STS 3256/2008) a la que hace mención, y que supuso un punto de inflexión respecto de la jurisprudencia anterior y cuyos criterios se condensaban en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 715/2007, de 26 de junio (Roj: STS 4448/2007).


En aquella STS 715/2007, el Tribunal Supremo señalaba que los dos criterios a tener en cuenta a la hora de determinar la naturaleza privativa o ganancial de la indemnización por despido improcedente percibida por uno de los cónyuges eran:

“(…)  a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquirieron con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles (sentencias de 25 de marzo de 1988 y 22 de diciembre de 1999), mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter (sentencia de 20 de diciembre de 2003)”.


Pero con la STS nº 216, de 18 de marzo de 2008, el alto Tribunal matiza su doctrina y ya no admite que la indemnización sea privativa por aplicación del principio de subrogación, lo que implicaba que al referirse a la pérdida de un derecho privativo, y ser  inherente a la persona, era intransmisible. Sino que pasa a considerar que, la indemnización es, en realidad, una compensación por incumplimiento de contrato. Lo explica así:

“(…) en realidad lo que ocurre es que la indemnización por despido constituye una compensación por incumplimiento del contrato y por ello mismo va a tener la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales (…)”.

Aunque matiza: “(…) De todos modos, debería tenerse en cuenta en el cálculo de la concreta cantidad, que tiene la naturaleza de bien ganancial el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Porque puede ocurrir que el trabajo que se ha perdido y que ha generado el cobro de la indemnización correspondiente según las reglas de la Ley General de la Seguridad Social, haya empezado antes del matrimonio, así como debería tenerse en cuenta en la liquidación, la capitalización por posibles indemnizaciones que se generen por despidos por contratos de trabajo vigentes durante el matrimonio y por el período de tiempo trabajado durante la sociedad de gananciales. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales (…)”.

Así las cosas, y en coherencia con el razonamiento contenido en la STS 386/19 que consolida la línea jurisprudencial iniciada en la STS 216/2008, resulta inevitable preguntarse por la situación inversa. Pues parecería de entrada posible, aplicando análogos criterios a los de la STS 386/19, considerar ganancial la parte de la indemnización por despido relativa a los años de vigencia de la sociedad de gananciales, aunque el devengo de la indemnización se produjera con posterioridad a la extinción de la indicada sociedad.

A falta de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que analice este supuesto, no podremos perder de vista ni la STS 715/2007 que excluía categóricamente dicha posibilidad, ni la STS 216/08 que parece de manera tangencial descartarla también, al considerar elemento determinante de la naturaleza ganancial de la indemnización que el cobro de esta se hubiera producido con anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, que entiende producida en el caso de autos con la firmeza de la sentencia de separación. 

En cuanto a los pronunciamientos de Audiencias provinciales, puede destacarse la reciente sentencia de 29/4/2019 de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Roj: SAP PO 1031/2019), que en un contexto de disolución de la sociedad de gananciales en virtud de separación de hecho, estima la pretensión del apelante, y niega la naturaleza ganancial de la indemnización de despido y salarios de tramitación percibidos por el esposo después de extinguida la sociedad de gananciales, lo que determina la exclusión de dichas partidas del activo de la sociedad.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, octubre de 2019 

19/12/2016
ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL) DE 9.12.2015

1.- La STS de 9.12.2015 (Ponente: Sr.Baena Ruíz), es de extraordinaria relevancia y utilidad práctica, al fijar como doctrina jurisprudencial lo siguiente:

“ La aplicación de turnos de ocupación con uso exclusivo por períodos sucesivos y recurrentes será considerada como una fórmula justa y aplicable a los casos de comuneros de viviendas cuando no sea posible o aconsejable el uso solidario o compartido y la comunidad o algún comunero así lo inste”.

2.- Esta doctrina jurisprudencial tiene como finalidad poner freno a la problemática generada por la aplicación práctica del artículo 394 del Código civil.

Precepto no solo aplicable en los casos de comunidad ordinaria o “pro indiviso”, sino además al régimen de uso de bienes pertenecientes a una comunidad postganancial o a una comunidad hereditaria, cuando no se haya producido aún la liquidación de estas. Pues como es sabido en estos últimos casos, el uso se regula por las normas de la comunidad ordinaria.

A tal efecto señala la sentencia en la consideración 8 del Fundamento de Derecho Tercero (Recurso de casación), que: “ (…) Como declaraba la STS de 7 de noviembre de 1997, la comunidad que surge en el período de comunidad postganancial es equiparable a la hereditaria, y lo mismo recoge la sentencia de 10 de junio 2010, Rc.1202/2006, citada por la de 12 de noviembre 2015, Rc.1074/2013, que mantiene que una vez disuelta la comunidad de gananciales, pero aún no liquidada, se aplicarán las reglas de la comunidad hereditaria (STS de 11 de mayo de 2000). Consecuencia de ello es que a efectos del goce y disfrute de la cosa común se aplicarán las normas de la comunidad hereditaria en ambos supuestos “. Y añade en la consideración 9:Estas reglas en defecto de voluntad del testador, acuerdo de los coherederos o reglas especiales, serán las normas de la comunidad de bienes (art.394 y siguientes del Código civil), como, entre otras, se colige de la sentencia de 10 de julio de 2005, Rc.2389/2000, y sentencia de 8 de mayo de 2008, Rc. 1170/2001, reiterada en la de 4 de marzo de 2013, Rc.814/2010”.  

3.- En el caso de autos, se interpone acción para reparto del uso de la casa familiar entre comuneros; es demandada una de las comuneras, - hija de la primera demandante y hermana de los otros dos- la cual hacía uso exclusivo del bien, con omisión del resto. La acción se tramita por los cauces del juicio ordinario.

El Alto Tribunal en la consideración 10 del Fundamento de Derecho Tercero, tras la cita del artículo 394 del Código civil, señala que: “ (…) esta Sala ha admitido la facultad legal de cada coheredero de servirse de las cosas comunes (STS 28 noviembre 2007, Rc.3613/2000). Contempla pues la posesión y el uso de la cosa común por todos ellos, uso que es solidario, pues se ha precisado que la utilización de la finca por uno solo de los partícipes en la comunidad hereditaria, excluyendo el goce o uso de los demás, es ilegítimo (SSTS de 18 de febrero de 1987; 7 mayo 2007, Rc.2347/2000). Ahora bien, si se planteasen problemas se habrá de atender a la proporción de la cuota de cada uno, y a ellos se refieren las sentencias de 20 de mayo 1996, 2 octubre 1996 y 30 abril 1999, citadas por la del 7 mayo 2007, Rc.2347/2000”. 

Y es que el uso solidario o compartido que refrenda el indicado precepto, casa mal en la práctica con aquellos supuestos en los que el uso se refiere a una vivienda indivisible y la convivencia de los comuneros es imposible. De ahí, la consideración 12  señala en alusión al precepto citado: “Sin embargo tal solución ha de modularse cuando se dan situaciones singulares, como la que aquí se enjuicia; al tratarse de una vivienda indivisible en que la convivencia de todos los comuneros es imposible por el conflicto permanente que existe entre ellos”.

Por eso añade que: “ (…) la norma general de solidaridad y simultaneidad no puede entenderse de modo absoluto y para todo supuesto, sino que podrá atemperarse a las circunstancias personales y materiales que concurran en el caso enjuiciado. Así lo decidió la sentencia de primera instancia, con apoyo en las sentencias de la Sala que hemos citado, mientras que el Tribunal de instancia las ignoró acudiendo a una aplicación rigorista del artículo 394 del Código civil, con la paradoja de que con la resolución que dicta se mantiene ese uso exclusivo que impide el artículo que interpreta, pero en beneficio de la parte demandada”.

4.- Otra de las cuestiones nucleares en el procedimiento es la determinación de las cuotas de distribución del uso y disfrute de la vivienda litigiosa, que el Alto Tribunal fija en el caso de la madre y esposa del causante, a los efectos de regulación del uso, en una cuota del 33,33% por considerarla más beneficiosa para esta. Sin perjuicio de que , como se señala en la consideración 7 del Fundamento de Derecho Tercero: “La dificultad de decidir las cuotas de los herederos sobre la masa a liquidar estriba en un debate jurídico que escapa de este procedimiento, como sostienen las sentencias de instancia. En concreto se centra el debate en la cuota de doña Herminia en función de la aplicación que se haga del Fuero de Baylio en relación con las disposiciones del Código civil”.

La determinación de las cuotas de distribución de uso, tiene su lógica consecuencia, en la contribución al pago de gastos del inmueble.

5.- Tras la lectura de la sentencia y extramuros de la problemática civil propia del recurso de casación, surgen interrogantes sobre cuestiones procesales a la hora de tramitar en la práctica solicitudes de reparto de uso en aplicación de esta doctrina jurisprudencial. Enumero a continuación algunas, que no dejan de ser lo que son, o sea, meras reflexiones.

Y así, la posible utilidad de solicitar una medida cautelar de reparto de uso en procedimiento declarativo - tanto en un declarativo de análogo objeto al de autos, como en uno dirigido a la extinción del régimen de “pro indiviso” de la vivienda indivisible- y la articulación de dicha solicitud con las exigencias del artículo 728 de la L.E.C.. La improbable tramitación de dicha solicitud de regulación de uso durante la tramitación del juicio de división de herencia (art.782 y ss. L.E.C.) porque no parece  tener encaje en ninguno de los trámites de este; salvo la interposición de un declarativo como en el caso de litis, pero que podría resultar ineficiente al menos desde el punto de vista económico para quien se ve abocado a la tramitación de dos pleitos. En lo que se refiere a la comunidad post-ganancial, la medida del artículo 96 del Código civil que se habrá adoptado con carácter previo en el procedimiento matrimonial de separación, divorcio o nulidad, y que regirá durante la tramitación del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, excluiría la utilidad esta doctrina jurisprudencial. Lo acordado en aplicación del artículo 96 del Código civil en el procedimiento previo de divorcio, separación o nulidad, excluiría también la utilidad de esta doctrina jurisprudencial en los procedimientos dirigidos a la extinción del régimen de "pro indiviso" sobre la vivienda familiar en los casos de regímenes económicos de separación de bienes ;  si es que no se optó ya con carácter previo por la tramitación conjunta del procedimiento matrimonial y la acción de extinción del pro indiviso sobre la vivienda, de conformidad con el artículo 437-4-4ª de la L.E.C.. Y en los casos de comunidad post-ganancial surgida por fallecimiento de uno de los cónyuges, pasada una inicial etapa rigorista de la jurisprudencia que avocaba a la tramitación de dos procedimientos, hoy suele admitirse la tramitación conjunta de la liquidación de sociedad de gananciales y la partición hereditaria (Entre otras muchas, Sentencia AP Asturias, Oviedo, Sección 6ª, 11/2015, de 26 de enero; St.AP.Zamora, Sección 1ª, 26/2014, de 21 de febrero; St.A.P.Madrid, Sección 11ª, 25 de octubre de 2012). De forma que, las operaciones de liquidación de la extinta sociedad de gananciales se realizan en el seno del juicio de división de herencia, si bien con carácter previo a las operaciones de partición de la herencia, al ser presupuesto de esta. Y por tanto, lo dicho más arriba para el juicio de división de herencia, lo doy por repetido aquí.



MARÍA GACIO.
Mondoñedo, 19.12.2016


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