PRÁCTICA JURÍDICA

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08/11/2019
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS Sala de lo civil, de 8 de octubre de 2019 (Roj: STS 3014/2019), admite el reenvío –artículo 12.2 del Código civil- y por tanto, la aplicación de la ley sucesoria española en un supuesto en el que la causante, de nacionalidad británica, tenía su domicilio en España, y estaban ubicados en España los inmuebles de la sucesión.

En el caso de autos, la causante - de nacionalidad británica, y residente en España desde 1978-  había fallecido el 17 de junio de 2007 en Mijas bajo testamento otorgado ante notario el 22 de junio de 2004. En dicho testamento había instituido heredero de todos sus bienes y derechos sitos en España a su marido, con quien había contraído matrimonio en 1986. Para el caso de premoriencia de este, nombraba heredera a su hija, hija de un matrimonio anterior, y manifestaba que en cuanto a los demás derechos que posea en el extranjero, dispondría por separado en otro testamento.

La aplicación del reenvío al caso de autos, determinó la estimación del recurso de casación, y con ello la estimación de la demanda en el sentido de declarar la aplicación de la ley española a la sucesión de la causante, con declaración de que la demandante es legitimaria en la sucesión de su madre, y la reducción de la institución del heredero testamentario en la parte que perjudique la legítima de aquella.

La fecha de la apertura de la sucesión  -17 de junio de 2007- determina que la ley aplicable a la sucesión, resulte de la aplicación de los artículos 9.1 y 9.8 del Código civil. Asimismo, la estimación del recurso de casación, se produce por la correcta interpretación de los artículos 9.8 y 12.2 del Código civil.

Es de sumo interés el razonamiento del Tribunal en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, apartado C/, al exponer que: “(…) El último domicilio de la causante se encontraba en España, tal y como ya se hiciera constar en el testamento, por lo que la norma de conflicto remite para la sucesión de los bienes muebles al Derecho español. Por lo que se refiere a los inmuebles, dice ahora el recurrido en su escrito de oposición que no existe prueba ni ha habido discusión sobre si el bien inmueble en España es el único de la herencia. Este argumento no puede ser atendido (…)”.

De lo anterior, pueden extraerse dos conclusiones prácticas interesantes en materia de prueba.

1/ Parece que no fue cuestión controvertida en esta litis el domicilio de la causante, a diferencia de lo que sí ocurrió en la STS Sala de lo Civil, de 5 de diciembre de 2018 (Roj.: STS 4139/2018), donde se aborda la diferencia a efectos sucesorios entre el lugar de residencia (en España) y el domicilio del causante (en Leeds, Inglaterra). Controversia que en la mencionada sentencia se resolvía a favor del domicilio, que debía determinarse de acuerdo con el ordenamiento inglés, descartando así la aplicación del artículo 40 del Código civil, y subrayando la importancia del arraigo, que resultaría no solo de la existencia de cuentas bancarias abiertas en dicha localidad inglesa, sino también de la propia manifestación del testador que al otorgar testamento señala que tenía domicilio británico a efectos sucesorios.

2/ Sí fue objeto de examen en la STS de 8 de octubre de 2019 la alegación efectuada por el recurrido de la ausencia de prueba o discusión acerca de la posible existencia de otros inmuebles en el extranjero, lo que sí derivaría, de acuerdo con la tesis de aquel, en un fraccionamiento de la sucesión de estimarse el reenvío a la ley española que defendía la recurrente.

Sin embargo, esta alegación es descartada por la sentencia, al señalar: “ A estos efectos, hay que advertir que, de acuerdo con la doctrina científica, la unidad  legal de la sucesión se refiere a la sucesión litigiosa en España, por lo que aún en el caso de que hipotéticamente hubiera inmuebles situados en el extranjero, y como dice el recurrido, el resto de la sucesión se pudiera tramitar por autoridades extranjeras que excluyeran de su conocimiento el inmueble sito en Mijas (España), al que se refiere el presente litigio, tal fraccionamiento no podría ser solucionado por los tribunales españoles. El presente litigio se ocupa de la sucesión ordenada en el testamento, que expresamente se refiere a los bienes y derechos sitos en España. En consecuencia, en el presente caso, en virtud del reenvío previsto en el art.12.2 CC, la unidad de la sucesión litigiosa en España queda garantizada mediante la aplicación de la ley española, con la que además la sucesión guarda una conexión más estrecha que con la derivada de la nacionalidad de la causante, dado que la misma residía en España, donde falleció, y donde se encuentran los bienes que se han identificado del caudal hereditario (…)”.

En todo caso, tanto en la sentencia de 8 de octubre de 2019, como en la de 5 de diciembre de 2018, late el respeto al principio de unidad y universalidad de la sucesión (artículo 9.1 C.C.),  aunque lleve a soluciones diversas, lo que supone en  la  más reciente sentencia de 8 de octubre de 2019, el reenvío a la ley española, y por tanto, la aplicación de las normas españolas sobre la legítima. 

El escenario normativo que surge con la aplicación del Reglamento (650/2012) europeo de sucesiones, otorga prioridad al principio de la autonomía de la voluntad, y la “professio iuris” del artículo 22 es expresión de la libertad del testador y de su derecho a elegir la ley de su sucesión,  y excluye en consonancia con lo anterior, el reenvío –artículo 34-.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, noviembre de 2019



















11/10/2019
Artículo 1346 del Código civil: "Son bienes privativos de cada uno de los cónyuges:

1º Los bienes y derechos que le pertenecieren al comenzar la sociedad.

(…)".



Con fundamento en la infracción del artículo 1346 del código civil, se interpuso recurso de casación (nº 3860/2016) ante la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, que fue estimado parcialmente en virtud de sentencia 386/19, de 3 de julio (Roj: STS 2252/2019). La sentencia aborda la discusión sobre la pertenencia a la sociedad de gananciales de la indemnización laboral por despido cobrada, vigente la sociedad, con la particularidad de que el contrato de trabajo se había iniciado antes de la constitución de dicha sociedad de gananciales.

Dispone el Fundamento de Derecho segundo de la sentencia que:

“  Como recuerda la sentencia 596/2016, de 5 de octubre, esta sala ha mantenido en las sentencias 216/2008, de 18 de marzo, y 429/2008, de 28 de mayo, que la indemnización cobrada en virtud del despido en la empresa donde trabajaba un esposo debe ser considerada ganancial porque tiene su causa en un contrato de trabajo desarrollado a lo largo de la vida del matrimonio, pero solo por los años trabajados durante la vigencia del régimen de gananciales; en consecuencia, no tienen carácter ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales”

La sentencia de instancia (de 2 de diciembre de 2014 del Juzgado de primera instancia nº3 de Leganés), confirmada por la de apelación de 27 de enero de 2016 de la Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid, había incluido en el activo de la sociedad de gananciales, un crédito de la sociedad frente al esposo por el importe de la indemnización por despido percibida por este el 20 de septiembre de 2011.

La STS 386/19 de 3 de julio, al casar parcialmente la sentencia falla que: “solo procede incluir dentro del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, lo que se fijará en ejecución de sentencia”.

Así, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo consolida la línea jurisprudencial iniciada por dicho Tribunal con la  STS nº 216, de 18 de marzo de 2008 (Roj: STS 3256/2008) a la que hace mención, y que supuso un punto de inflexión respecto de la jurisprudencia anterior y cuyos criterios se condensaban en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 715/2007, de 26 de junio (Roj: STS 4448/2007).


En aquella STS 715/2007, el Tribunal Supremo señalaba que los dos criterios a tener en cuenta a la hora de determinar la naturaleza privativa o ganancial de la indemnización por despido improcedente percibida por uno de los cónyuges eran:

“(…)  a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquirieron con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles (sentencias de 25 de marzo de 1988 y 22 de diciembre de 1999), mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter (sentencia de 20 de diciembre de 2003)”.


Pero con la STS nº 216, de 18 de marzo de 2008, el alto Tribunal matiza su doctrina y ya no admite que la indemnización sea privativa por aplicación del principio de subrogación, lo que implicaba que al referirse a la pérdida de un derecho privativo, y ser  inherente a la persona, era intransmisible. Sino que pasa a considerar que, la indemnización es, en realidad, una compensación por incumplimiento de contrato. Lo explica así:

“(…) en realidad lo que ocurre es que la indemnización por despido constituye una compensación por incumplimiento del contrato y por ello mismo va a tener la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales (…)”.

Aunque matiza: “(…) De todos modos, debería tenerse en cuenta en el cálculo de la concreta cantidad, que tiene la naturaleza de bien ganancial el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Porque puede ocurrir que el trabajo que se ha perdido y que ha generado el cobro de la indemnización correspondiente según las reglas de la Ley General de la Seguridad Social, haya empezado antes del matrimonio, así como debería tenerse en cuenta en la liquidación, la capitalización por posibles indemnizaciones que se generen por despidos por contratos de trabajo vigentes durante el matrimonio y por el período de tiempo trabajado durante la sociedad de gananciales. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales (…)”.

Así las cosas, y en coherencia con el razonamiento contenido en la STS 386/19 que consolida la línea jurisprudencial iniciada en la STS 216/2008, resulta inevitable preguntarse por la situación inversa. Pues parecería de entrada posible, aplicando análogos criterios a los de la STS 386/19, considerar ganancial la parte de la indemnización por despido relativa a los años de vigencia de la sociedad de gananciales, aunque el devengo de la indemnización se produjera con posterioridad a la extinción de la indicada sociedad.

A falta de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que analice este supuesto, no podremos perder de vista ni la STS 715/2007 que excluía categóricamente dicha posibilidad, ni la STS 216/08 que parece de manera tangencial descartarla también, al considerar elemento determinante de la naturaleza ganancial de la indemnización que el cobro de esta se hubiera producido con anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, que entiende producida en el caso de autos con la firmeza de la sentencia de separación. 

En cuanto a los pronunciamientos de Audiencias provinciales, puede destacarse la reciente sentencia de 29/4/2019 de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Roj: SAP PO 1031/2019), que en un contexto de disolución de la sociedad de gananciales en virtud de separación de hecho, estima la pretensión del apelante, y niega la naturaleza ganancial de la indemnización de despido y salarios de tramitación percibidos por el esposo después de extinguida la sociedad de gananciales, lo que determina la exclusión de dichas partidas del activo de la sociedad.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, octubre de 2019 

11/03/2018
COMENTARIO A PROPÓSITO DE LA RESOLUCIÓN D.R.G.N. DE 1 DE FEBRERO DE 2018 (B.O.E.14/02/18).-
Entre las cuestiones prácticas que suscitan interés en la tramitación del juicio de división de herencia (artículos 782 a 789 de la L.E.C.), sin duda está la discusión sobre la necesidad de la protocolización notarial de las operaciones divisorias.

En la reciente Resolución de 1 de febrero de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado - en adelante, D.G.R.N.-, se trata esta cuestión al resolver el recurso interpuesto contra nota de suspensión de inscripción del testimonio de un Decreto de aprobación de operaciones particionales.

La D.R.G.N. desestima el recurso y confirma la nota de calificación, con base a lo que define como doctrina reiterada, y que puede resumirse así:

1.- Que el procedimiento de división de herencia es un procedimiento especial “tanto en lo limitado de su objeto, como en sus particulares trámites como en la ausencia de efecto de cosa juzgada, aún cuando devenga en contencioso (artículo 787.5 de la Ley de enjuiciamiento civil)”. 

2.- Con dos momentos de especial trascendencia en su tramitación, “aquél en que se nombra un contador-partidor y un perito para que lleven a cabo las labores de avalúo y división (artículo 784.2.), y aquél otro en que los interesados, una vez llevadas a cabo dichas labores (artículo 786), dan o no su conformidad a las mismas”.

3.- Señala que en el supuesto en que las partes no consientan la partición propuesta, es entonces cuando el procedimiento se transforma en contencioso, y la sentencia que lo resuelve, una vez firme sí es título suficiente a los afectos de alteración del contenido del Registro.

4.- Por el contrario, si las partes han prestado su conformidad a las operaciones de avalúo  y división (con o sin las modificaciones del artículo 787.4), entonces el procedimiento finaliza por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia, dando por aprobadas las operaciones. Señala el Centro Directivo que “en los procesos judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública por aplicación del artículo 787.2 de la ley Enjuiciamiento Civil (cfr. Resoluciones de 9 de diciembre de 2010 y 20 de junio de 2017)”.

5.- También precisa la resolución que en aquellos supuestos en que el procedimiento finaliza por transacción, toda vez no existe una resolución sobre el fondo del asunto, el Auto que pone fin al procedimiento no es directamente inscribible en el Registro de la Propiedad, por lo que también sería necesaria la protocolización notarial de dicho Auto.

Una vez analizada la Resolución, y vistos los supuestos de obligada protocolización, sería deseable que se despejasen las dudas sobre el sentido del artículo 788 de la L.E.C..

Porque si bien la Resolución señala que cuando el procedimiento finaliza con sentencia, entonces esta es título inscribible, lo cierto es que en la práctica esto supone en ocasiones y como efecto subsiguiente - caso de que prospere total o parcialmente la oposición a las operaciones divisorias- la realización de un nuevo cuaderno por el contador que contenga las modificaciones que resulten de la referida sentencia.

Y el artículo 788 de la L.E.C., precepto al que remite el 787 para llevar a efecto la sentencia dictada, - “ (…) La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda”- remite nuevamente a la protocolización, cuando señala en el apartado 2:  “Luego que sean protocolizadas, el Secretario judicial dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su haber y adjudicación respectivos”.


MARÍA GACIO
FOZ, 11.03.18





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