PRÁCTICA JURÍDICA

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12/03/2020
La sentencia de 4 de marzo de 2020 (ROJ: STS 600/2020), de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, (Ponente: Rafael Saraza Jimena), desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink Bank S.A. contra la sentencia 402/2019, de 9 julio, dictada en apelación por la sección segunda de la Audiencia provincial de Santander (ROJ: SAP S 976/2019), confirmando así el carácter usurario del interés remuneratorio del crédito “revolving” objeto de autos.

El recurso se fundamenta, al amparo del artículo 477.1 de la L.E.C., en la infracción del artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, conocida también como Ley “Azcárate”.

En la práctica son numerosos los litigios relativos a créditos “revolving”, en los que se ejercita además de la acción de nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses remuneratorios, una acción relativa al doble control de transparencia de la cláusula que fija los mismos, sin embargo, en el presente caso la actora ejercitaba únicamente acción de nulidad por usura. Por eso, el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 1.-, dice:

“ Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario”. 

Además del ejercicio por la actora de la acción declarativa de nulidad por intereses remuneratorios usurarios, con la condenatoria inherente a la misma de reclamar la devolución de las cantidades cobradas en exceso sobre el capital dispuesto, se efectuaba también,  una petición accesoria relativa a los intereses legales desde la demanda hasta sentencia, y los del artículo 576 L.E.C.,  que aunque estimada en la instancia, fue revocada en este punto por la de apelación, al tratarse de una solicitud de intereses sobre una cantidad ilíquida. Pues no en vano, se pedía en el propio suplico de la demanda que las cantidades a reintegrar a la demandante se determinasen en ejecución de sentencia.

Por eso, conviene traer a colación la sentencia de apelación, y el párrafo en el que indica: “(…) por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los artículos 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; como tampoco procede la condena al pago de los intereses contemplados en el artículo 576 LEC., que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas líquidas, sin perjuicio de que se devenguen “ope legis” en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación”.  (Ex Fundamento de Derecho Quinto).

Centrándonos ya en la cuestión relativa a la usura, el eje de la sentencia como no podía ser de otro modo, es la T.A.E. del contrato de crédito “revolving”, que en el caso de autos, a fecha de interposición de demanda era del 27,24%, y superior al fijado con carácter inicial en el contrato de litis, del 26,82 %. 

El Tribunal aborda la cuestión relativa a si la T.A.E. del contrato es notablemente superior al  “interés normal del dinero”, y para ello empieza efectuando un breve análisis de su famosa sentencia 628/2015, de 25 de noviembre (ROJ: STS4810/2015)  - Caso Sygma-, y concluye como justificación al hecho de haber empleado en aquel caso como comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España,  “el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo”. (Fundamento de Derecho Tercero, 3.-).

Por el contrario, en el caso objeto de la reciente sentencia de 4 de marzo de 2020, sí se contaba con dicha estadística diferenciada, y así lo señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Cuarto, 4.-, cuando señala: “En consecuencia, la T.A.E. del 26,82 % del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24% ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que según se fijó en la instancia era algo superior al 20%, por ser el tipo de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia”. 

Además, el Tribunal recuerda que la tarea judicial debe ser de ponderación de los elementos que concurran en el caso, ya que el extremo del artículo 1 de la Ley Azcárate que resulta de aplicación, conjuga dos conceptos indeterminados cuales son,  que el interés sea “notablemente superior al normal del dinero” y “manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Labor de ponderación que ha de ejercerse en cada caso concreto, y que por tanto, no ha impedido declarar usurario el contrato de esta sentencia de 4 de marzo de 2020, aunque la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de “interés normal del dinero” (algo superior al 20% anual) y el tipo de interés remuneratorio – siendo más precisos, la T.A.E.- , es inferior a la diferencia que existía en el Caso Sygma.

El Tribunal califica dicho índice de “muy elevado”, y partiendo de lo anterior, considera que “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”Ex Fundamento de Derecho Quinto, 6.- de la sentencia-.

Al considerar que un tipo algo superior al 20% anual es ya muy elevado, el Tribunal concluye entonces que  una T.A.E. como la del contrato litigioso,  ha de considerarse notablemente superior al “interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Así, señala en el Fundamento de Derecho Quinto, 7.-: “Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de “interés normal del dinero” y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como notablemente superior a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes”. 

Comparativa que parece realizar con la T.A.E. a fecha de formalización de contrato (26,82%), que recuérdese era inferior a la vigente a fecha de interposición de demanda (27,24 %).

Además, señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 9.- en relación a la comercialización de este tipo de contratos que: “ Como dijimos en nuestra anterior sentencia 629/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudados a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.



MARÍA GACIO
FOZ, 12.03.20











08/11/2019
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS Sala de lo civil, de 8 de octubre de 2019 (Roj: STS 3014/2019), admite el reenvío –artículo 12.2 del Código civil- y por tanto, la aplicación de la ley sucesoria española en un supuesto en el que la causante, de nacionalidad británica, tenía su domicilio en España, y estaban ubicados en España los inmuebles de la sucesión.

En el caso de autos, la causante - de nacionalidad británica, y residente en España desde 1978-  había fallecido el 17 de junio de 2007 en Mijas bajo testamento otorgado ante notario el 22 de junio de 2004. En dicho testamento había instituido heredero de todos sus bienes y derechos sitos en España a su marido, con quien había contraído matrimonio en 1986. Para el caso de premoriencia de este, nombraba heredera a su hija, hija de un matrimonio anterior, y manifestaba que en cuanto a los demás derechos que posea en el extranjero, dispondría por separado en otro testamento.

La aplicación del reenvío al caso de autos, determinó la estimación del recurso de casación, y con ello la estimación de la demanda en el sentido de declarar la aplicación de la ley española a la sucesión de la causante, con declaración de que la demandante es legitimaria en la sucesión de su madre, y la reducción de la institución del heredero testamentario en la parte que perjudique la legítima de aquella.

La fecha de la apertura de la sucesión  -17 de junio de 2007- determina que la ley aplicable a la sucesión, resulte de la aplicación de los artículos 9.1 y 9.8 del Código civil. Asimismo, la estimación del recurso de casación, se produce por la correcta interpretación de los artículos 9.8 y 12.2 del Código civil.

Es de sumo interés el razonamiento del Tribunal en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, apartado C/, al exponer que: “(…) El último domicilio de la causante se encontraba en España, tal y como ya se hiciera constar en el testamento, por lo que la norma de conflicto remite para la sucesión de los bienes muebles al Derecho español. Por lo que se refiere a los inmuebles, dice ahora el recurrido en su escrito de oposición que no existe prueba ni ha habido discusión sobre si el bien inmueble en España es el único de la herencia. Este argumento no puede ser atendido (…)”.

De lo anterior, pueden extraerse dos conclusiones prácticas interesantes en materia de prueba.

1/ Parece que no fue cuestión controvertida en esta litis el domicilio de la causante, a diferencia de lo que sí ocurrió en la STS Sala de lo Civil, de 5 de diciembre de 2018 (Roj.: STS 4139/2018), donde se aborda la diferencia a efectos sucesorios entre el lugar de residencia (en España) y el domicilio del causante (en Leeds, Inglaterra). Controversia que en la mencionada sentencia se resolvía a favor del domicilio, que debía determinarse de acuerdo con el ordenamiento inglés, descartando así la aplicación del artículo 40 del Código civil, y subrayando la importancia del arraigo, que resultaría no solo de la existencia de cuentas bancarias abiertas en dicha localidad inglesa, sino también de la propia manifestación del testador que al otorgar testamento señala que tenía domicilio británico a efectos sucesorios.

2/ Sí fue objeto de examen en la STS de 8 de octubre de 2019 la alegación efectuada por el recurrido de la ausencia de prueba o discusión acerca de la posible existencia de otros inmuebles en el extranjero, lo que sí derivaría, de acuerdo con la tesis de aquel, en un fraccionamiento de la sucesión de estimarse el reenvío a la ley española que defendía la recurrente.

Sin embargo, esta alegación es descartada por la sentencia, al señalar: “ A estos efectos, hay que advertir que, de acuerdo con la doctrina científica, la unidad  legal de la sucesión se refiere a la sucesión litigiosa en España, por lo que aún en el caso de que hipotéticamente hubiera inmuebles situados en el extranjero, y como dice el recurrido, el resto de la sucesión se pudiera tramitar por autoridades extranjeras que excluyeran de su conocimiento el inmueble sito en Mijas (España), al que se refiere el presente litigio, tal fraccionamiento no podría ser solucionado por los tribunales españoles. El presente litigio se ocupa de la sucesión ordenada en el testamento, que expresamente se refiere a los bienes y derechos sitos en España. En consecuencia, en el presente caso, en virtud del reenvío previsto en el art.12.2 CC, la unidad de la sucesión litigiosa en España queda garantizada mediante la aplicación de la ley española, con la que además la sucesión guarda una conexión más estrecha que con la derivada de la nacionalidad de la causante, dado que la misma residía en España, donde falleció, y donde se encuentran los bienes que se han identificado del caudal hereditario (…)”.

En todo caso, tanto en la sentencia de 8 de octubre de 2019, como en la de 5 de diciembre de 2018, late el respeto al principio de unidad y universalidad de la sucesión (artículo 9.1 C.C.),  aunque lleve a soluciones diversas, lo que supone en  la  más reciente sentencia de 8 de octubre de 2019, el reenvío a la ley española, y por tanto, la aplicación de las normas españolas sobre la legítima. 

El escenario normativo que surge con la aplicación del Reglamento (650/2012) europeo de sucesiones, otorga prioridad al principio de la autonomía de la voluntad, y la “professio iuris” del artículo 22 es expresión de la libertad del testador y de su derecho a elegir la ley de su sucesión,  y excluye en consonancia con lo anterior, el reenvío –artículo 34-.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, noviembre de 2019



















11/10/2019
Artículo 1346 del Código civil: "Son bienes privativos de cada uno de los cónyuges:

1º Los bienes y derechos que le pertenecieren al comenzar la sociedad.

(…)".



Con fundamento en la infracción del artículo 1346 del código civil, se interpuso recurso de casación (nº 3860/2016) ante la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, que fue estimado parcialmente en virtud de sentencia 386/19, de 3 de julio (Roj: STS 2252/2019). La sentencia aborda la discusión sobre la pertenencia a la sociedad de gananciales de la indemnización laboral por despido cobrada, vigente la sociedad, con la particularidad de que el contrato de trabajo se había iniciado antes de la constitución de dicha sociedad de gananciales.

Dispone el Fundamento de Derecho segundo de la sentencia que:

“  Como recuerda la sentencia 596/2016, de 5 de octubre, esta sala ha mantenido en las sentencias 216/2008, de 18 de marzo, y 429/2008, de 28 de mayo, que la indemnización cobrada en virtud del despido en la empresa donde trabajaba un esposo debe ser considerada ganancial porque tiene su causa en un contrato de trabajo desarrollado a lo largo de la vida del matrimonio, pero solo por los años trabajados durante la vigencia del régimen de gananciales; en consecuencia, no tienen carácter ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales”

La sentencia de instancia (de 2 de diciembre de 2014 del Juzgado de primera instancia nº3 de Leganés), confirmada por la de apelación de 27 de enero de 2016 de la Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid, había incluido en el activo de la sociedad de gananciales, un crédito de la sociedad frente al esposo por el importe de la indemnización por despido percibida por este el 20 de septiembre de 2011.

La STS 386/19 de 3 de julio, al casar parcialmente la sentencia falla que: “solo procede incluir dentro del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, lo que se fijará en ejecución de sentencia”.

Así, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo consolida la línea jurisprudencial iniciada por dicho Tribunal con la  STS nº 216, de 18 de marzo de 2008 (Roj: STS 3256/2008) a la que hace mención, y que supuso un punto de inflexión respecto de la jurisprudencia anterior y cuyos criterios se condensaban en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 715/2007, de 26 de junio (Roj: STS 4448/2007).


En aquella STS 715/2007, el Tribunal Supremo señalaba que los dos criterios a tener en cuenta a la hora de determinar la naturaleza privativa o ganancial de la indemnización por despido improcedente percibida por uno de los cónyuges eran:

“(…)  a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquirieron con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles (sentencias de 25 de marzo de 1988 y 22 de diciembre de 1999), mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter (sentencia de 20 de diciembre de 2003)”.


Pero con la STS nº 216, de 18 de marzo de 2008, el alto Tribunal matiza su doctrina y ya no admite que la indemnización sea privativa por aplicación del principio de subrogación, lo que implicaba que al referirse a la pérdida de un derecho privativo, y ser  inherente a la persona, era intransmisible. Sino que pasa a considerar que, la indemnización es, en realidad, una compensación por incumplimiento de contrato. Lo explica así:

“(…) en realidad lo que ocurre es que la indemnización por despido constituye una compensación por incumplimiento del contrato y por ello mismo va a tener la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales (…)”.

Aunque matiza: “(…) De todos modos, debería tenerse en cuenta en el cálculo de la concreta cantidad, que tiene la naturaleza de bien ganancial el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Porque puede ocurrir que el trabajo que se ha perdido y que ha generado el cobro de la indemnización correspondiente según las reglas de la Ley General de la Seguridad Social, haya empezado antes del matrimonio, así como debería tenerse en cuenta en la liquidación, la capitalización por posibles indemnizaciones que se generen por despidos por contratos de trabajo vigentes durante el matrimonio y por el período de tiempo trabajado durante la sociedad de gananciales. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales (…)”.

Así las cosas, y en coherencia con el razonamiento contenido en la STS 386/19 que consolida la línea jurisprudencial iniciada en la STS 216/2008, resulta inevitable preguntarse por la situación inversa. Pues parecería de entrada posible, aplicando análogos criterios a los de la STS 386/19, considerar ganancial la parte de la indemnización por despido relativa a los años de vigencia de la sociedad de gananciales, aunque el devengo de la indemnización se produjera con posterioridad a la extinción de la indicada sociedad.

A falta de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que analice este supuesto, no podremos perder de vista ni la STS 715/2007 que excluía categóricamente dicha posibilidad, ni la STS 216/08 que parece de manera tangencial descartarla también, al considerar elemento determinante de la naturaleza ganancial de la indemnización que el cobro de esta se hubiera producido con anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, que entiende producida en el caso de autos con la firmeza de la sentencia de separación. 

En cuanto a los pronunciamientos de Audiencias provinciales, puede destacarse la reciente sentencia de 29/4/2019 de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Roj: SAP PO 1031/2019), que en un contexto de disolución de la sociedad de gananciales en virtud de separación de hecho, estima la pretensión del apelante, y niega la naturaleza ganancial de la indemnización de despido y salarios de tramitación percibidos por el esposo después de extinguida la sociedad de gananciales, lo que determina la exclusión de dichas partidas del activo de la sociedad.

MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, octubre de 2019 

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