PRÁCTICA JURÍDICA

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17/02/2022
El artículo 671 de la Ley (1/00, de 7 de enero) de enjuiciamiento civil - en adelante, L.E.C.- regula la facultad del acreedor hipotecario de adjudicarse el inmueble sacado a subasta tras el cierre de esta por haber resultado desierta, y constituye, por tanto, uno de los preceptos nucleares de la ejecución civil.

La norma fue objeto de sucesivas reformas producidas en el contexto social y económico resultado de la crisis financiera de 2008, y su aplicación práctica viene mostrando una serie de “ángulos muertos”  que denotan, cuando menos, una falta de previsión y de imprecisión legislativa con consecuencias gravosas para el ejecutado de seguirse una interpretación rigurosamente literal de la norma, alejada de todo criterio sistemático y finalista. 

De hecho, toda la problemática que emana del artículo 671 de la L.E.C. – tanto en casos de adjudicación de inmueble vivienda habitual, como cuando el inmueble no lo sea- surge de un examen rígido y descontextualizado del  precepto, que en su aplicación  deja a la vista todo un reguero de supuestos que derivan en un sustancial desequilibrio en la ejecución en perjuicio del ejecutado, a veces con desbaratamiento de su patrimonio, y que necesitan de una interpretación armonizadora de la norma con otros preceptos, como el art.670.4 ó el art.651 de la L.E.C., en relación con el art.3.1 del Código civil. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2021, (ROJ: STS 4764/2021 – ECLI: ES: TS:2021:4764), Ponente: Sr.Sancho Gargallo  (muy similar y en idéntica línea a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 -ROJ: STS 4602/2021-ECLI:ES:TS:2021:4602) analiza un supuesto de adjudicación a favor del acreedor ejecutante tras subasta desierta de inmueble vivienda habitual, y contiene una referencia en el Fundamento de Derecho Segundo.7 al Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, que “prevé modificar la redacción de los arts.670 y 671 de la L.E.C.”. 

La versión vigente del artículo 671 de la L.E.C señala en cuanto a la adjudicación de inmueble vivienda habitual, que:

“ (…) Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien (…)”

En el caso de autos, se constata que en el  procedimiento hipotecario - del que traía causa el juicio verbal en que se impugna la calificación registral-  el importe de la deuda objeto de procedimiento superaba el 60% del valor de la vivienda habitual objeto de ejecución pero no alcanzaba el porcentaje del 70%. Finalmente, se había adjudicado el  inmueble  por el 60%, pero no con total extinción de la deuda reclamada, que subsistía por el porcentaje restante –  y que ascendía a 8,95%, como detalla el voto particular al que después me referiré muy brevemente-, lo que había sido objeto de calificación registral negativa.

Aunque la sentencia estima el recurso  interpuesto por la acreedora adjudicataria del inmueble objeto de ejecución, y  en consecuencia, confirma la estimación de la demanda de impugnación de la calificación negativa de inscripción por defectos en el Decreto de adjudicación dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria, al entender que esa cuestión debe ser objeto de decisión judicial y no registral, sin embargo comparte la interpretación seguida en la calificación recurrida, en cuanto que el artículo 671 de la L.E.C. debe ser objeto de una interpretación armonizadora.  Por eso, el Alto Tribunal al señalar que se ha producido un exceso en la función revisora registral,  matiza que: “su improcedencia no deriva de la interpretación realizada del artículo 671 de la L.E.C.”

Y así detalla en el Fundamento de Derecho segundo.5, la interpretación que  debe darse al art.671 de la L.E.C.: “Aunque la literalidad de la norma refiera que se lo puede adjudicar por el 60% en realidad estaría estableciendo un mínimo por el que podría llegar a quedárselo, que en todo caso presupondría la extinción del crédito. Dicho de otro modo, si se permite una adjudicación por un importe inferior al 70% es porque con esa adjudicación se extingue el crédito del ejecutante, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 60%. Otra interpretación como la literal no se acomoda a la reseñada finalidad tuitiva, en cuanto que legitimaría situaciones perjudiciales para el deudor, que además de sufrir la adjudicación de su finca por el 60% del valor de tasación, seguiría debiendo al acreedor la diferencia hasta el importe de su crédito y por ello seguiría abierta la ejecución”.

La sentencia cuenta con voto particular, formulado por el magistrado Sr.Díaz Fraile, quien tras subrayar el acierto que supone una interpretación armonizadora del artículo 671 de la L.E.C., discrepa de las conclusiones a que llega aquella. Dichas conclusiones se recogen sintéticamente en el ya citado Fundamento de Derecho Segundo. 5- de la sentencia cuando señala: ( “ …el problema radica en que excede a la función calificadora del registrador revisar la valoración realizada por el juzgado al aplicar esta regla del art.671 de la L.E.C.. Se trata de una cuestión de fondo que perjudica a una de las partes en el procedimiento, el ejecutado, que en su caso puede recurrir el decreto de adjudicación para que sea revisado por el juez… "). Mientras que en el voto particular se objeta a lo anterior con una serie de argumentos, de los que conviene resaltar como cuestión troncal, el razonamiento de que el  control en la calificación del cumplimiento de los porcentajes mínimos de valoración de la adjudicación que establece la L.E.C. está expresamente previsto en el artículo 132.4º Ley Hipotecaria.,  y lo que califica de resultado paradójico de la sentencia, ya que al revocar la calificación impugnada produce como consecuencia práctica,  la situación  que describe en el Fundamento jurídico octavo de su voto: “(…) lo que se traducirá en la inscripción del decreto de adjudicación, a pesar de no ajustarse al artículo 671 LEC y mantener una deuda remanente del deudor cercana al 9% del valor de la finca, que no le corresponde”.


MARÍA GACIO
Foz, febrero de 2022

SUBASTA DESIERTA. ADJUDICACIÓN AL ACREEDOR DE INMUEBLE VIVIENDA HABITUAL EN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021.-
20/09/2020
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Resumen de circunstancias del caso.

Contrato. Cláusula de vencimiento anticipado “por falta de pago de cualquiera de las cuotas de reembolso del capital del crédito en las fechas estipuladas, así como por falta de pago de intereses y gastos accesorios, en las fechas correspondientes”.

Cuestiones procesales y sustantivas.
Interposición de demanda de juicio ordinario por la financiadora –previo monitorio con oposición por los demandados-. Reclama con fundamento en la cláusula de vencimiento anticipado, tras impago de cuatro cuotas mensuales seguidas: capital cuotas impagadas, intereses ordinarios y de demora, comisiones por impago de tales cuotas, y además el capital pendiente de amortizar

Estima motivo casación. Estimación acción, reducida al importe de los plazos impagados cuando se presentó esta, comprensivos del capital e intereses ordinarios.

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La sentencia del Pleno, nº106/2020, de 19 de febrero de 2020, (ROJ STS 501/2020), resume la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en torno a la cláusula de vencimiento anticipado cuando esta se halla inserta en un contrato de financiación de compra de un bien mueble a plazos. De acuerdo con dicha sentencia, el análisis para la declaración, en su caso, del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, debe tener en cuenta lo siguiente:

a/ Al contrato de financiación le es de aplicación la Ley 28/98 de 13 de julio, reguladora de la venta a plazos de bienes muebles –L.V.P.B.M.-.

b/ Si la cláusula de vencimiento anticipado se limita a reproducir el régimen legal regulador de dicho contrato, no puede ser considerada abusiva.

c/ El TJUE considera excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro cuando no exista una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de dichas disposiciones.  (STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-280/13).

d/  En esta materia debe tenerse en cuenta el artículo 10.2 L.V.P.B.M., que  contempla la facultad de vencimiento anticipado al financiador con el impago de al menos dos plazos; y el artículo 14 L.V.P.B.M. que señala que: “se tendrán por no puestos los pactos, cláusulas y condiciones de los contratos regulados en la presente Ley que fuesen contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su cumplimiento”.

e/ Por lo anterior, una cláusula como la litigiosa que permitía dar por vencido el contrato por un impago de menor entidad es nula, y ha de tenerse por no puesta.

f/ Es relevante la literalidad de la cláusula, ya que puede ser declarada abusiva, aunque no se aplique en la práctica, garantizando así el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13. Y con cita de la STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus, asunto C-421/14, declara: “(…) la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión (…)”.

g/ En el contrato de financiación, la cláusula de vencimiento anticipado declarada nula por no respetar la entidad mínima de incumplimiento fijada por la ley, no autoriza al predisponente a dar por vencido anticipadamente el préstamo de financiación.

Finalmente, y como quiera que el asunto no traía causa del ejercicio de una acción declarativa por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado ni de una reconvención, el recurso estima el motivo, y en consecuencia la demanda, únicamente en cuanto a la reclamación de los plazos impagados a fecha de presentación de aquella, más los intereses remuneratorios correspondientes. - ya que la cláusula de intereses moratorios había sido declarada nula en apelación, con las consecuencias derivadas de la Sentencia del Pleno, nº 671/2018, de 28 de noviembre-.




MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, septiembre de 2020
EL IMPAGO DE CUOTAS EN EL CONTRATO DE FINANCIACIÓN PARA COMPRA DE VEHÍCULO. LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 106/2020, DE 19 DE FEBRERO, DEL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
05/05/2020
La crisis causada por la pandemia por Covid-19, en la que a las irreparables pérdidas humanas hay que sumar  los efectos negativos, cuando no devastadores,  que a nivel social y económico ya se le atribuyen, nos traslada nuevamente a un escenario de incertidumbre y cambios.

Y esto, cuando ni siquiera habíamos llegado a calibrar en toda su magnitud las consecuencias de la crisis financiera, que desde un punto de vista jurídico, dio lugar a un conglomerado de normas y  jurisprudencia, que ha transformado en numerosos aspectos el ordenamiento civil. 

La disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, (B.O.E. nº67, de 14 de marzo de 2020) establece que: “Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

Una de las reformas de mayor calado en el ámbito civil se produjo con la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (BOE nº239, de 6 de octubre de 2015), que entre otras cuestiones, modificó el texto originario del artículo 1964 del Código civil, sustituyendo así el plazo general de prescripción de las acciones civiles, pasando de quince a cinco años.

La entrada en vigor de dicha ley se produjo el 7 de octubre de 2015, y en su disposición transitoria quinta establecía que: “El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del código civil”.

Lo anterior suponía que el plazo de prescripción de las acciones personales, sin plazo especial, nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y 7 de octubre de 2015, vencería el 7 de octubre de 2020. 

Así lo recordaba la reciente sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2020 (ROJ: STS 21/2020) que desglosaba en el fundamento de Derecho tercero los diferentes escenarios que surgían de la aplicación de los mencionados preceptos del código civil:

“(…) (i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000:  estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción originaria del art.1964 Cc.

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art.1939 Cc., no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años conforme a la vigente redacción del art.1964 Cc.”.


No obstante lo anterior, al haberse decretado en virtud del R.D. 463/20, de 14 de de marzo, la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones, estos se hallan paralizados.  Ya que, como explicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2006 (Roj:STS 1782/2006), en su fundamento de Derecho segundo: “:.. la suspensión de la prescripción paraliza esta, no corre el tiempo para la misma, pero no inutiliza el ya transcurrido; así cuando desaparece la causa de la suspensión, sigue –no comienza de nuevo, como en la interrupción- el cómputo del tiempo para la prescripción”.

En conclusión, si la problemática en torno a los efectos y aplicación práctica  de la reforma de 2015 no podía darse aún por zanjada–piénsese, por ejemplo, en los efectos de interrupción de la prescripción y reinicio del cómputo del plazo, o la determinación del plazo de prescripción en el  caso de obligaciones aplazadas-,  ahora viene a sumarse la derivada de la suspensión de los plazos de prescripción acordada por R.D.463/20, de 14 de marzo. 


NOTA:

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (B.O.E. 23 de mayo de 2020), señala en el art.10:

"Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. .

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones".





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