PRÁCTICA JURÍDICA

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06/09/2023
La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2023 (Ponente: Seoane Spiegelberg) -Roj: STS 2539/2023- ECLI:ES:TS:2023:2539), estima el primero de los dos motivos que conforman el recurso de casación, declarando vigentes y vinculantes para las partes litigantes, los acuerdos alcanzados en convenio suscrito pero no ratificado judicialmente.

La sentencia de casación trae causa de una demanda de modificación de medidas adoptadas en sentencia de divorcio, a la que la parte demandada formula oposición, interesando la desestimación del escrito rector con mantenimiento de las medidas acordadas en autos de divorcio, solicitando además la declaración de nulidad de convenio regulador de fecha 3 de febrero de 2020 otorgado por los excónyuges, y que no habían llegado a ratificar judicialmente – vid.antecedente de hecho primero 3.-.

Se interpone recurso extraordinario por infracción procesal -que es desestimado- y de casación, con formulación de dos motivos, de los que tan solo se estima el primero por infracción de los arts.1255, 1258 y 1091 del Código civil.

El caso analizado puede resumirse, en líneas generales, así: Las partes litigantes habían otorgado convenio regulador, que no ratificaron judicialmente, pero que sí empezaron a cumplir, por el que modificaban diversas medidas contenidas en el convenio regulador de divorcio. Las medidas modificadas se referían al régimen de guarda y custodia del hijo menor de 16 años de edad, pensión de alimentos a abonar por la madre, importe de la pensión compensatoria, así como la reducción de una partida indemnizatoria – para mayor detalle, vid. Fundamento de Derecho Primero, 2º-. El motivo del recurso de casación se centra en la eficacia del convenio.

El alto Tribunal estima el motivo, dado el carácter vinculante de los negocios jurídicos de familia, cuyos límites vienen configurados en el art.1255 (leyes, moral, orden público); siempre que se acomoden a los requisitos expresados en el art.1261 (consentimiento, objeto y causa) así como a las exigencias de forma “ad solemnitatem” que exige para determinados negocios jurídicos el art. 1280 – todos los artículos citados, del Código civil-.   

Es destacable por su aplicación y repercusión práctica la mención contenida en la sentencia, referida a otras dos de 2018, que integran la extensa y consolidada doctrina jurisprudencial que se tiene por infringida, y que son:

1.- La sentencia de 15 de octubre de 2018 , que señala que el convenio regulador no puede tacharse de ineficaz por carecer del requisito de ser aprobado judicialmente” afirmando  el carácter eficaz y vinculante de aquellas medidas relativas a hijos menores de edad sin que haya recaído aprobación judicial “siempre que no sean contrarias al interés del menor, y con la limitación impuesta en el art.1814 CC, esto es, no cabe renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni puede compensarse con una deuda entre los progenitores ni someterse condicionalmente en beneficio de los menores”

2.- La de 7 de noviembre de 2018, que recuerda que el convenio firmado pero no ratificado judicialmente “carece de eficacia procesal, pero no por ello la pierde como un vinculante negocio jurídico de familia, sin que quepa atribuirle la condición de simple elemento de negociación”.
  Y que además describe el escenario al que se enfrenta la parte litigante, que como en el caso de autos, pretende la declaración de ineficacia del convenio regulador, al decir: “Por tanto, una vez aportado con tal naturaleza al proceso contencioso, la parte que lo suscribió pero no lo ratificó en presencia judicial, tendrá que alegar y justificar, en este proceso, las causas de su proceder; bien por el incumplimiento de las exigencias del art.1255 CC, bien por concurrir algún vicio en el consentimiento entonces prestado en los términos del art.1265, o por haberse modificado sustancialmente la circunstancias que determinaron el inicial consenso, que nada tienen que ver con cambio de opinión injustificada, sobre todo en supuestos como el presente en los que cada cónyuge intervino asesorado de letrado en la redacción y suscripción del documento”.

Así las cosas, y dado el marco legal y jurisprudencial infringido, la sentencia casa la de apelación que había negado eficacia vinculante al convenio, subrayando no solo que el convenio no ratificado es expresión de las facultades de autorregulación de las partes otorgantes; sino también, la inexistencia de vicios del consentimiento que fundamenten su anulabilidad; aparte, la eficacia jurídica de los actos propios; y considerando además, que la finalidad y contenido del convenio es coherente con el cambio de circunstancias de hecho a que se refiere y que se especifica en el clausulado del mismo.



María Gacio López
Abogada
Foz, 6.IX.23


LA EFICACIA DEL CONVENIO REGULADOR SUSCRITO PERO NO RATIFICADO JUDICIALMENTE: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 6 DE JUNIO DE 2023.-
23/02/2023
BLOG (NO SOLO) DE DERECHO
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo civil y penal, de 25 de enero de 2023 (Roj: STSJ GAL 401/2023- ECLI:ES:TSJGAL: 2023:41) estima recurso de casación  y revoca la de apelación dictada por la Audiencia Provincial de Lugo de 20 de abril de 2022 (Roj: SAPA LU 563/2022- ECLI: ES:APLU:2022:563), confirmando así la dictada por el Juzgado de primera instancia nº1 de Mondoñedo.

En consecuencia, se declara la obligación del heredero de formalizar inventario de bienes y derechos que integran la herencia de la testadora, y el derecho de la recurrente y legitimaria a recibir lo que por legítima le corresponda, con condena del demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y todo ello sin que sea necesario esperar a la extinción del usufructo universal y vitalicio ordenado por la testadora a favor del cónyuge viudo.

Estas son, en síntesis, las líneas fundamentales de la sentencia:

I.- Contiene una inicial referencia a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario – desestimada en instancia y apelación- , opuesta por la representación del heredero demandado, quien interesaba la llamada al procedimiento del cónyuge viudo.

La sentencia de apelación había precisado al respecto que: “… únicamente ostentan legitimación pasiva para la satisfacción de este derecho las personas a las que se refiere el art.249 LDCG, esto es, el heredero, el comisario o contador-partidor o el testamentero, únicos facultados por ley para el pago de la legítima, formalizar inventario y valoración de los bienes. Careciendo el cónyuge viudo en consecuencia, de legitimación pasiva para soportar la acción que se entabla en autos, malamente puede sostenerse que la relación jurídico procesal no se ha constituido válidamente por el hecho de no haber sido llamado aquel a los autos(…)"– vid.Fundamento de Derecho primero-.

Y la de casación, aún cuando el heredero ostenta la posición de recurrido,  se detiene en el análisis de la excepción, e indica en el Fundamento de Derecho Segundo lo siguiente: “ la cuestión litigiosa, y esto es muy importante, no se refiere a la modificación o extinción del usufructo, de lo que se sigue que tiene toda la lógica que Juzgado y Audiencia rechazaran la excepción de litisconsorcio pasivo necesario en la medida en que la propia configuración de la litis ya deja al margen la posición del usufructuario, que parte de que no se verá afectada”. 

Ambos pronunciamientos dan la clave, a mi parecer, para analizar el art.231 de la LDCG y percibir que el legislador autonómico tuvo la cautela de facultar al legitimario para exigir fianza al viudo, si bien no hizo lo mismo con la obligación de formar inventario. Y las consecuencias de esto último no son menores.

Así, el heredero resulta obligado a la elaboración del inventario (art.249 LDCG)  para el pago de la legítima, mientras que la posesión de los bienes, derechos y acciones que integran la herencia, es detentada por el cónyuge viudo y usufructuario universal. Esta falta de cohesión normativa entre ambas figuras no facilita el desenvolvimiento práctico – ni en el ámbito extrajudicial ni en el judicial- de la legítima en cuanto a la realización de las operaciones de inventario, por más que su pago sea efectivamente una cuestión ajena al viudo usufructuario de la herencia. 

II.- Señala la sentencia de casación en el Fundamento de Derecho segundo que: “A nuestro criterio, sin embargo, el hecho de que el heredero pueda abonar la legítima en metálico extrahereditario, aunque no pueda ser compelido a ello pone ya de manifiesto la realidad de que la legítima pueda ser pagada aún mediando usufructo, pues elementalmente, si el pago se hace con bienes no hereditarios, en nada se afecta al usufructo del cónyuge viudo”.

Razonamiento jurisprudencial que sirve, de una parte, para reforzar la opinión doctrinal que precisa que el usufructo universal del cónyuge viudo en realidad grava la herencia, y no la legítima. Y de otra, reafirma el distinto grado de dinamismo de la legítima, una vez el heredero opta por abonarla con bienes de la herencia o, por el contrario, con metálico extrahereditario.

Si el instituido heredero opta por lo primero, el usufructo del cónyuge viudo supondrá la mera atribución de la nuda propiedad al legitimario y el aplazamiento de la consolidación del dominio. Y aunque esto último no debe servir para cuestionar el peso necesario de la tradición (que sustenta figuras como el usufructo del cónyuge viudo), sí permite reflexionar sobre aspectos que ahondan en el comportamiento procesal de la legítima.

Ocurre así con el difícil encaje de la acción para su pago, huérfana de normas procesales que sustenten las singularidades de la figura por razón de su naturaleza (pars valoris), frente al legitimario del Derecho civil común (pars bonorum) y legitimado activamente para instar el juicio divisorio de herencia -arts.782 y ss. L.E.C.-. Lo que, a efectos prácticos, supone en el caso autonómico, diferir el debate y resolución de las cuestiones nucleares del litigio- más allá del mero reconocimiento del derecho a la legítima, en sentencia dictada en juicio declarativo-  al trámite de ejecución de sentencia. Y todo ello en el contexto de una sociedad que concibe la realidad en clave de inmediatez.
 
III.- Finalmente la sentencia contiene una alusión al plazo de prescripción de la acción de pago de legítima, que el art.252 de la LDCG establece en 15 años a contar desde el fallecimiento del causante, y resalta el efecto paradójico que podría darse de tener que esperar a la extinción del usufructo para el ejercicio de dicha acción, en el caso de que la vigencia del derecho de usufructo se prolongase en el tiempo y superase el citado plazo de prescripción.

Concluye así el Fundamento de Derecho Segundo: “ (…) de mantenerse la tesis de la sentencia apelada y tener que esperar, en el presente caso, la legitimaria, a la extinción del usufructo del cónyuge viudo, podría darse el caso de que el ejercicio de la acción de reclamación de hubiese prescrito, lo cual no es en modo alguno una opción compatible ni con la concurrencia entre los derechos del usufructuario y legitimarios, ni tampoco puede entenderse comprendida como hipótesis en la disposición testamentaria”



María Gacio
Abogada
Foz, 21 de febrero de 2023








 




DERECHO CIVIL DE GALICIA: EL PAGO DE LA LEGÍTIMA. LA HERENCIA GRAVADA CON USUFRUCTO UNIVERSAL Y VITALICIO A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO. LA SENTENCIA TSJGALICIA, SALA DE LO CIVIL Y PENAL, DE 25 DE ENERO DE 2023.-
19/10/2022
La sentencia de 6 de junio de 2022 (ROJ: STS 2305/2022-ECLI:ES:TS:2022:2305) – Ponente: Parra Lucán- estima recurso de casación por infracción del art.1392-1º del Código civil. La estimación del recurso supone la inclusión en el activo ganancial de un derecho de crédito a favor de la sociedad de gananciales por las disposiciones efectuadas por la esposa de dinero ganancial depositado en diversas cuentas bancarias, aunque solo por aquellas cantidades que no hubiese acreditado en autos haber destinado al levantamiento de cargas del matrimonio - conforme a los arts.1390 y 1397-2º del Cc.-.

El centro neurálgico del recurso reside en el efecto legal disolutorio que la firmeza del pronunciamiento judicial de divorcio -arts. 95 y 1392-1º Cc, art.774.5 L.E.C.- produce en la sociedad de gananciales, y sus consecuencias en la composición del activo ganancial en la fase de inventario para su liquidación.

Aunque el auténtico interés de la sentencia, desde mi punto de vista, está en la incardinación en el art.1397-2º del Cc. del derecho de crédito -no inventariado en autos como partida independiente de los saldos bancarios-  y que surge de la citada disposición o retirada unilateral de dinero ganancial por el importe no aplicado al levantamiento de las cargas familiares .  Precisamente la no configuración del derecho de crédito como partida independiente de los saldos, procesal e inevitablemente aflora en casación, cuando finalmente se encaja  dicha disposición de dinero ganancial en el precepto antes indicado.  Y a su vez,  tiene como  consecuencia la necesaria  determinación del “quantum” del derecho de crédito en ejecución de sentencia,.

De la cronología de hechos destaca que el 1 de septiembre de 2013 la esposa deja el domicilio familiar, y el 19  de septiembre de 2014 es firme la sentencia de divorcio. El análisis jurídico del asunto se centra en torno a las indicadas fechas, ya que pocos días después del 1 de septiembre de 2013, la esposa retira importes significativos de diversas cuentas bancarias, que eran de naturaleza ganancial.

El esposo promovente de los autos de inventario y después apelante, defendía la retroacción de los efectos disolutorios de la sociedad ganancial a la fecha de separación de hecho, para lograr así implícitamente el derecho de reembolso a favor de la sociedad de gananciales por las cantidades dispuestas por la esposa antes de la sentencia de divorcio. La apelada y posteriormente recurrente en casación alegaba, sin embargo, que los efectos legales disolutorios  de la sociedad debían fijarse en la fecha de la firmeza de la sentencia de divorcio, y que conforme a tal fecha debían contabilizarse los saldos bancarios, argumentando – pero  probando solo en lo relativo a determinadas partidas- que las disposiciones de dinero las había efectuado para atender cargas familiares.

Así las cosas,  la sentencia enseña fundamentalmente que:


1º/ Los efectos disolutorios de la sociedad de gananciales deben referirse siempre a la fecha en que alcance firmeza el pronunciamiento de divorcio, sin que quepa retrotraer la determinación de los saldos bancarios a la fecha de abandono por uno de los cónyuges del domicilio familiar.

En relación con esta técnica procesal en la configuración del activo del inventario y su posterior efecto en la tramitación de los autos, dice el Alto Tribunal: “Esta manera de proceder es técnicamente incorrecta, porque de hecho ese dinero ya no se encontraba en las cuentas comunes, cuando se disolvió la sociedad de gananciales, dadas las previas extracciones realizadas por la Sra. Lourdes”.- FD 3º-2”-


2º/ Además, la existencia de tales disposiciones bancarias, unilaterales y posteriores a la separación de hecho, tienen como efecto correlativo el nacimiento de un derecho de crédito a favor de la sociedad de gananciales y con cargo a la disponente, por el importe de las cantidades retiradas que aquella no acredite haber empleado para la satisfacción de cargas familiares.

En consecuencia, y como señala la sentencia  - F.D.3º- : “(…) Partiendo del carácter ganancial del dinero del que dispuso la Sra.Lourdes procede reconocer, conforme a los arts. 1390 CC y 1397.2 CC, un crédito a favor de la sociedad de gananciales por el importe del dinero dispuesto que no hubiera sido destinado a la satisfacción de cargas familiares”.

Por tanto, la configuración de tal derecho de crédito surge del  art. 1397-2º Cc que, como es sabido,  dispone que “Habrán de comprenderse en el activo: (…)2º/ El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados. (…)”.

3º/ Como tal derecho de crédito surge íntimamente anudado al destino del dinero unilateralmente dispuesto, la carga de la prueba sobre tal cuestión recae sobre la disponente, en  virtud del art.217.6 LEC.. Carga que no se considera cumplida suficientemente por meras alegaciones genéricas, aunque sí se satisfizo en parte, y así se tiene por acreditado en lo relativo a dos partidas por gastos de alquiler y manutención de hijas. 

Por eso concluye -FD3º- que: “debe incluirse en el activo de la sociedad un crédito contra la Sra.Lourdes por el importe del dinero de los depósitos y cuentas corrientes gananciales de los que dispuso unilateralmente tras la separación de hecho, lo que se concretará en ejecución de sentencia, si bien de ese importe deberán descontarse la sumas de 8800 y 2600 euros, por considerar que ha quedado acreditada su aplicación al levantamiento de las cargas familiares”.


MARÍA GACIO
Foz,19.10.22





DEPÓSITOS BANCARIOS: RETIRADA DE DINERO GANANCIAL POR UNO DE LOS CÓNYUGES ANTES DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES POR DIVORCIO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 6 DE JUNIO DE 2022.-
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