PRÁCTICA JURÍDICA

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20/09/2020
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Resumen de circunstancias del caso.

Contrato. Cláusula de vencimiento anticipado “por falta de pago de cualquiera de las cuotas de reembolso del capital del crédito en las fechas estipuladas, así como por falta de pago de intereses y gastos accesorios, en las fechas correspondientes”.

Cuestiones procesales y sustantivas.
Interposición de demanda de juicio ordinario por la financiadora –previo monitorio con oposición por los demandados-. Reclama con fundamento en la cláusula de vencimiento anticipado, tras impago de cuatro cuotas mensuales seguidas: capital cuotas impagadas, intereses ordinarios y de demora, comisiones por impago de tales cuotas, y además el capital pendiente de amortizar

Estima motivo casación. Estimación acción, reducida al importe de los plazos impagados cuando se presentó esta, comprensivos del capital e intereses ordinarios.

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La sentencia del Pleno, nº106/2020, de 19 de febrero de 2020, (ROJ STS 501/2020), resume la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en torno a la cláusula de vencimiento anticipado cuando esta se halla inserta en un contrato de financiación de compra de un bien mueble a plazos. De acuerdo con dicha sentencia, el análisis para la declaración, en su caso, del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, debe tener en cuenta lo siguiente:

a/ Al contrato de financiación le es de aplicación la Ley 28/98 de 13 de julio, reguladora de la venta a plazos de bienes muebles –L.V.P.B.M.-.

b/ Si la cláusula de vencimiento anticipado se limita a reproducir el régimen legal regulador de dicho contrato, no puede ser considerada abusiva.

c/ El TJUE considera excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro cuando no exista una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de dichas disposiciones.  (STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-280/13).

d/  En esta materia debe tenerse en cuenta el artículo 10.2 L.V.P.B.M., que  contempla la facultad de vencimiento anticipado al financiador con el impago de al menos dos plazos; y el artículo 14 L.V.P.B.M. que señala que: “se tendrán por no puestos los pactos, cláusulas y condiciones de los contratos regulados en la presente Ley que fuesen contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su cumplimiento”.

e/ Por lo anterior, una cláusula como la litigiosa que permitía dar por vencido el contrato por un impago de menor entidad es nula, y ha de tenerse por no puesta.

f/ Es relevante la literalidad de la cláusula, ya que puede ser declarada abusiva, aunque no se aplique en la práctica, garantizando así el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13. Y con cita de la STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus, asunto C-421/14, declara: “(…) la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión (…)”.

g/ En el contrato de financiación, la cláusula de vencimiento anticipado declarada nula por no respetar la entidad mínima de incumplimiento fijada por la ley, no autoriza al predisponente a dar por vencido anticipadamente el préstamo de financiación.

Finalmente, y como quiera que el asunto no traía causa del ejercicio de una acción declarativa por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado ni de una reconvención, el recurso estima el motivo, y en consecuencia la demanda, únicamente en cuanto a la reclamación de los plazos impagados a fecha de presentación de aquella, más los intereses remuneratorios correspondientes. - ya que la cláusula de intereses moratorios había sido declarada nula en apelación, con las consecuencias derivadas de la Sentencia del Pleno, nº 671/2018, de 28 de noviembre-.




MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, septiembre de 2020
EL IMPAGO DE CUOTAS EN EL CONTRATO DE FINANCIACIÓN PARA COMPRA DE VEHÍCULO. LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 106/2020, DE 19 DE FEBRERO, DEL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
05/05/2020
La crisis causada por la pandemia por Covid-19, en la que a las irreparables pérdidas humanas hay que sumar  los efectos negativos, cuando no devastadores,  que a nivel social y económico ya se le atribuyen, nos traslada nuevamente a un escenario de incertidumbre y cambios.

Y esto, cuando ni siquiera habíamos llegado a calibrar en toda su magnitud las consecuencias de la crisis financiera, que desde un punto de vista jurídico, dio lugar a un conglomerado de normas y  jurisprudencia, que ha transformado en numerosos aspectos el ordenamiento civil. 

La disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, (B.O.E. nº67, de 14 de marzo de 2020) establece que: “Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

Una de las reformas de mayor calado en el ámbito civil se produjo con la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (BOE nº239, de 6 de octubre de 2015), que entre otras cuestiones, modificó el texto originario del artículo 1964 del Código civil, sustituyendo así el plazo general de prescripción de las acciones civiles, pasando de quince a cinco años.

La entrada en vigor de dicha ley se produjo el 7 de octubre de 2015, y en su disposición transitoria quinta establecía que: “El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del código civil”.

Lo anterior suponía que el plazo de prescripción de las acciones personales, sin plazo especial, nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y 7 de octubre de 2015, vencería el 7 de octubre de 2020. 

Así lo recordaba la reciente sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2020 (ROJ: STS 21/2020) que desglosaba en el fundamento de Derecho tercero los diferentes escenarios que surgían de la aplicación de los mencionados preceptos del código civil:

“(…) (i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000:  estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción originaria del art.1964 Cc.

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art.1939 Cc., no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años conforme a la vigente redacción del art.1964 Cc.”.


No obstante lo anterior, al haberse decretado en virtud del R.D. 463/20, de 14 de de marzo, la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones, estos se hallan paralizados.  Ya que, como explicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2006 (Roj:STS 1782/2006), en su fundamento de Derecho segundo: “:.. la suspensión de la prescripción paraliza esta, no corre el tiempo para la misma, pero no inutiliza el ya transcurrido; así cuando desaparece la causa de la suspensión, sigue –no comienza de nuevo, como en la interrupción- el cómputo del tiempo para la prescripción”.

En conclusión, si la problemática en torno a los efectos y aplicación práctica  de la reforma de 2015 no podía darse aún por zanjada–piénsese, por ejemplo, en los efectos de interrupción de la prescripción y reinicio del cómputo del plazo, o la determinación del plazo de prescripción en el  caso de obligaciones aplazadas-,  ahora viene a sumarse la derivada de la suspensión de los plazos de prescripción acordada por R.D.463/20, de 14 de marzo. 


NOTA:

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (B.O.E. 23 de mayo de 2020), señala en el art.10:

"Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. .

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones".





12/03/2020
La sentencia de 4 de marzo de 2020 (ROJ: STS 600/2020), de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, (Ponente: Rafael Saraza Jimena), desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink Bank S.A. contra la sentencia 402/2019, de 9 julio, dictada en apelación por la sección segunda de la Audiencia provincial de Santander (ROJ: SAP S 976/2019), confirmando así el carácter usurario del interés remuneratorio del crédito “revolving” objeto de autos.

El recurso se fundamenta, al amparo del artículo 477.1 de la L.E.C., en la infracción del artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, conocida también como Ley “Azcárate”.

En la práctica son numerosos los litigios relativos a créditos “revolving”, en los que se ejercita además de la acción de nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses remuneratorios, una acción relativa al doble control de transparencia de la cláusula que fija los mismos, sin embargo, en el presente caso la actora ejercitaba únicamente acción de nulidad por usura. Por eso, el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 1.-, dice:

“ Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario”. 

Además del ejercicio por la actora de la acción declarativa de nulidad por intereses remuneratorios usurarios, con la condenatoria inherente a la misma de reclamar la devolución de las cantidades cobradas en exceso sobre el capital dispuesto, se efectuaba también,  una petición accesoria relativa a los intereses legales desde la demanda hasta sentencia, y los del artículo 576 L.E.C.,  que aunque estimada en la instancia, fue revocada en este punto por la de apelación, al tratarse de una solicitud de intereses sobre una cantidad ilíquida. Pues no en vano, se pedía en el propio suplico de la demanda que las cantidades a reintegrar a la demandante se determinasen en ejecución de sentencia.

Por eso, conviene traer a colación la sentencia de apelación, y el párrafo en el que indica: “(…) por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los artículos 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; como tampoco procede la condena al pago de los intereses contemplados en el artículo 576 LEC., que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas líquidas, sin perjuicio de que se devenguen “ope legis” en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación”.  (Ex Fundamento de Derecho Quinto).

Centrándonos ya en la cuestión relativa a la usura, el eje de la sentencia como no podía ser de otro modo, es la T.A.E. del contrato de crédito “revolving”, que en el caso de autos, a fecha de interposición de demanda era del 27,24%, y superior al fijado con carácter inicial en el contrato de litis, del 26,82 %. 

El Tribunal aborda la cuestión relativa a si la T.A.E. del contrato es notablemente superior al  “interés normal del dinero”, y para ello empieza efectuando un breve análisis de su famosa sentencia 628/2015, de 25 de noviembre (ROJ: STS4810/2015)  - Caso Sygma-, y concluye como justificación al hecho de haber empleado en aquel caso como comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España,  “el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo”. (Fundamento de Derecho Tercero, 3.-).

Por el contrario, en el caso objeto de la reciente sentencia de 4 de marzo de 2020, sí se contaba con dicha estadística diferenciada, y así lo señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Cuarto, 4.-, cuando señala: “En consecuencia, la T.A.E. del 26,82 % del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24% ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que según se fijó en la instancia era algo superior al 20%, por ser el tipo de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia”. 

Además, el Tribunal recuerda que la tarea judicial debe ser de ponderación de los elementos que concurran en el caso, ya que el extremo del artículo 1 de la Ley Azcárate que resulta de aplicación, conjuga dos conceptos indeterminados cuales son,  que el interés sea “notablemente superior al normal del dinero” y “manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Labor de ponderación que ha de ejercerse en cada caso concreto, y que por tanto, no ha impedido declarar usurario el contrato de esta sentencia de 4 de marzo de 2020, aunque la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de “interés normal del dinero” (algo superior al 20% anual) y el tipo de interés remuneratorio – siendo más precisos, la T.A.E.- , es inferior a la diferencia que existía en el Caso Sygma.

El Tribunal califica dicho índice de “muy elevado”, y partiendo de lo anterior, considera que “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”Ex Fundamento de Derecho Quinto, 6.- de la sentencia-.

Al considerar que un tipo algo superior al 20% anual es ya muy elevado, el Tribunal concluye entonces que  una T.A.E. como la del contrato litigioso,  ha de considerarse notablemente superior al “interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Así, señala en el Fundamento de Derecho Quinto, 7.-: “Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de “interés normal del dinero” y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como notablemente superior a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes”. 

Comparativa que parece realizar con la T.A.E. a fecha de formalización de contrato (26,82%), que recuérdese era inferior a la vigente a fecha de interposición de demanda (27,24 %).

Además, señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 9.- en relación a la comercialización de este tipo de contratos que: “ Como dijimos en nuestra anterior sentencia 629/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudados a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.



MARÍA GACIO
FOZ, 12.03.20











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