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04/08/2017
La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017 suscitó atención al desestimar el recurso de casación formulado por dos consumidores, que habían interpuesto demanda en ejercicio de acción de nulidad de pleno derecho de la “cláusula suelo” incluida en préstamo hipotecario de fecha 14 de julio de 2009  suscrito con Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito.

La citada sentencia vino a erigirse en recordatorio de algo que - aunque sabido se tiende a olvidar- y es que la “cláusula suelo” es lícita. Cosa distinta es que una posible falta de transparencia determine su carácter abusivo, y por tanto, su nulidad. En definitiva, el pronunciamiento jurisprudencial puso el foco de atención en algo crucial, y es que a la hora de ejercitar acciones individuales de nulidad, es necesario realizar un examen individualizado del caso concreto.

La sentencia de 9 de marzo de 2017 (Ponente: Sr. Sancho Gargallo) desestima el recurso de casación articulado por los consumidores, imponiéndoles además el pago de las costas del recurso. El recurso se articulaba con fundamento en un único motivo: la infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia de 9 de mayo de 2013, y en concreto, los parámetros fijados por dicha sentencia para realizar el control de transparencia.

Los recurrentes en casación habían visto desestimada su demanda en virtud de sentencia del Juzgado de primera instancia nº1 de Teruel de 24 de febrero de 2014;  así como el recurso de apelación contra esta, que dio lugar a la sentencia de 27 de mayo de 2014 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Teruel. En definitiva, tres años de batalla judicial que terminaron con la confirmación de la la validez de la “cláusula suelo” litigiosa.

Además, la citada resolución judicial contiene una serie de cuestiones clave, tanto desde el punto de vista de Derecho sustantivo como procesal en relación con el control de transparencia.

El Tribunal al analizar el único motivo de casación, subraya que se trata de un acción individual y señala algo fundamental desde el punto de vista probatorio y es que (ex Fundamento de Derecho Segundo nº 5 de la sentencia):

“el juicio sobre la transparencia no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y que este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba”.

Precisamente en el Fundamento de Derecho Primero se lee, en referencia a la sentencia de apelación que:

"(…) existen en el procedimiento elementos probatorios que revelan que el establecimiento de dicha cláusula fue negociado individualmente entre los actores y la entidad demandada, hasta el punto de que la misma aplicó un suelo inferior al tipo usual aplicado por dicha entidad, como así ha sido puesto de manifiesto por la declaración de la persona que negoció el préstamo, por las comunicaciones documentadas entre esta y la entidad matriz al objeto de solicitar autorización para modificar las condiciones contractuales, y por las declaraciones en el acto del juicio de la notaria autorizante del contrato, que expresamente reconoció la advertencia legal a los contratantes sobre la cláusula de variación del tipo de interés “.


Sobre la base de lo anterior, el Tribunal Supremo atiende en el Fundamento de Derecho Segundo nº 6 como, a la vista de las pruebas practicadas, la Audiencia Provincial concluye en la sentencia recurrida que:

“los contratantes conocían con precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la referida cláusula suelo”.

Para finalizar conviene resaltar el último de los razonamientos contenido en la sentencia –concretamente el Fundamento de Derecho Segundo  nº8, y es que el juicio de transparencia sobre las “cláusulas suelo” exige que la cláusula litigiosa  sea una condición general de la contratación. Porque si la cláusula no fue predispuesta por el banco, y por el contrario fue negociada- como ocurría en el caso de litis-, entonces no procede realizar ningún control de transparencia, puesto que solo la condición general de contratación puede ser abusiva..


MARÍA GACIO
Foz, 4.8.17
10/01/2017
1.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, T.J.U.E.) de fecha 21.12.16, resuelve tres peticiones de decisión prejudicial - C-154/15 (planteada por el Juzgado de lo mercantil nº1 de Granada) y C-307/15 y C-308/15 (planteadas por la Audiencia Provincial de Alicante), cuya tramitación se realizó de forma acumulada- que tenían por objeto tal y como señala literalmente la sentencia:

(1) “Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p.29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p.13)”.

2.- Como ya es sabido, la sentencia declara que:

“ El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración judicial del carácter abusivo, con arreglo artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula incluida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente  a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el mencionado carácter abusivo”.

3.- Los ejes del razonamiento jurídico contenido en la sentencia del T.J.U.E. son, en mi opinión, los siguientes: 

a/ El principio de no vinculación de los consumidores a la cláusula abusiva (art.6 apartado 1 de la Directiva 93/13), que no se respetaría plenamente con una jurisprudencia como la nacional que limitaba en el tiempo los efectos restitutorios de una cláusula declarada judicialmente abusiva.

b/ El efecto disuasorio que supone que las cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, y que solo se logra con el pleno respeto al citado principio de no vinculación. (Art.7 apartado 1 de la Directiva)

c/ En evidente interrelación con los dos anteriores,  y en aras a la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13, el recordatorio de que una cláusula contractual abusiva incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 es apreciable “de oficio” por el juez nacional.

d/ La protección incompleta e insuficiente para el consumidor que resulta de una jurisprudencia nacional –como la plasmada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013- al limitar temporalmente los efectos restitutorios derivados de la declaración judicial de su nulidad por abusiva.


4.- De la lectura de la sentencia se colige que el Gobierno español, Cajasur Banco y Banco Popular alegaron que el pronunciamiento del Tribunal Supremo había otorgado a los consumidores un nivel de protección más elevado que el que garantiza la propia directiva.

Sin embargo, el T.J.U.E. señala que ciertamente el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013:

“ (48)  (…) interpretó la exigencia de transparencia a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva en el sentido de que tal exigencia no se circunscribía a la transparencia formal de las cláusulas contractuales, que implica el carácter claro y comprensible de la redacción de éstas, sino que se hacía extensiva a la observancia de la transparencia material, que implica que sea suficiente la información facilitada al consumidor en lo que atañe al alcance tanto jurídico como económico de su compromiso contractual”.

Pero matiza:

(50) Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración (…)” (51) “Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido de artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de esta en particular”.


5.- Como quiera que los órganos jurisdiccionales remitentes aludían en sus cuestiones prejudiciales a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 - que como es sabido limitaba en el tiempo el efecto restitutorio de la cláusula declarada judicialmente abusiva-  y preguntaban si el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13 autorizaba para el establecimiento de una limitación de este tipo, zanja la cuestión con invocación del principio de no vinculación al consumidor de la cláusula declarada judicialmente abusiva, señalando que:

“ (53) A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional.”

Además añade que:

(54) Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público (…)”.

6.- Por eso, más adelante recuerda que si bien el artículo 6 apartado 1 exige que los Estados miembros establezcan que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores “en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales” precisa que:

“ (65) No obstante, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección –ni, por tanto, su contenido sustancial-, poniendo de este modo en cuestión la protección más eficaz del consumidor, mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas, que fue voluntad del legislador de la Unión Europea, tal como se afirma en el décimo considerando de la propia Directiva 93/13”.


7.- Además del principio de no vinculación al consumidor, y de forma interrelacionada con la aplicación de dicho principio se remarca la necesidad de dar cumplimiento al efecto disuasorio, que solo se logra si no se aplica al consumidor la cláusula abusiva.

Y a tal efecto, indica:

“ (56) Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, tal y como se desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces “para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores” (…)”.

Y añade:

“ (57) Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca  efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma (véase en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: 2012:349, apartado 65). 

Y como corolario de todo lo anterior:

“ (60) Por otra parte, al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (…)”.

8.- En línea con lo anterior, recuerda que es apreciable “de oficio” por el juez nacional el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva. Y así señala: 

“ (58) En este contexto, por una parte, el Juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, desde el momento en que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto”.

(59) En efecto, la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige que el Juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula (…)”. 


9.- Aunque el T.J.U.E. añade también que la protección del consumidor no es absoluta. Y por eso señala que: “ (68) A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (…) De ello se deduce que el Tribunal Supremo, podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a situaciones definitivamente decididas pro resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada”.

10.- La sentencia señala, en alusión a la protección que otorga al consumidor la sentencia del T.S. de 9 de mayo de 2013, que: 

(72) Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013”.

Y califica la protección otorgada al consumidor por la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo de incompleta e insuficiente, indicando a los órganos jurisdiccionales remitentes de las cuestiones prejudiciales objeto del procedimiento, que se abstengan de aplicar la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, “ puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión”.



MARÍA GACIO
Foz, 8.1.17























19/12/2016
ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL) DE 9.12.2015

1.- La STS de 9.12.2015 (Ponente: Sr.Baena Ruíz), es de extraordinaria relevancia y utilidad práctica, al fijar como doctrina jurisprudencial lo siguiente:

“ La aplicación de turnos de ocupación con uso exclusivo por períodos sucesivos y recurrentes será considerada como una fórmula justa y aplicable a los casos de comuneros de viviendas cuando no sea posible o aconsejable el uso solidario o compartido y la comunidad o algún comunero así lo inste”.

2.- Esta doctrina jurisprudencial tiene como finalidad poner freno a la problemática generada por la aplicación práctica del artículo 394 del Código civil.

Precepto no solo aplicable en los casos de comunidad ordinaria o “pro indiviso”, sino además al régimen de uso de bienes pertenecientes a una comunidad postganancial o a una comunidad hereditaria, cuando no se haya producido aún la liquidación de estas. Pues como es sabido en estos últimos casos, el uso se regula por las normas de la comunidad ordinaria.

A tal efecto señala la sentencia en la consideración 8 del Fundamento de Derecho Tercero (Recurso de casación), que: “ (…) Como declaraba la STS de 7 de noviembre de 1997, la comunidad que surge en el período de comunidad postganancial es equiparable a la hereditaria, y lo mismo recoge la sentencia de 10 de junio 2010, Rc.1202/2006, citada por la de 12 de noviembre 2015, Rc.1074/2013, que mantiene que una vez disuelta la comunidad de gananciales, pero aún no liquidada, se aplicarán las reglas de la comunidad hereditaria (STS de 11 de mayo de 2000). Consecuencia de ello es que a efectos del goce y disfrute de la cosa común se aplicarán las normas de la comunidad hereditaria en ambos supuestos “. Y añade en la consideración 9:Estas reglas en defecto de voluntad del testador, acuerdo de los coherederos o reglas especiales, serán las normas de la comunidad de bienes (art.394 y siguientes del Código civil), como, entre otras, se colige de la sentencia de 10 de julio de 2005, Rc.2389/2000, y sentencia de 8 de mayo de 2008, Rc. 1170/2001, reiterada en la de 4 de marzo de 2013, Rc.814/2010”.  

3.- En el caso de autos, se interpone acción para reparto del uso de la casa familiar entre comuneros; es demandada una de las comuneras, - hija de la primera demandante y hermana de los otros dos- la cual hacía uso exclusivo del bien, con omisión del resto. La acción se tramita por los cauces del juicio ordinario.

El Alto Tribunal en la consideración 10 del Fundamento de Derecho Tercero, tras la cita del artículo 394 del Código civil, señala que: “ (…) esta Sala ha admitido la facultad legal de cada coheredero de servirse de las cosas comunes (STS 28 noviembre 2007, Rc.3613/2000). Contempla pues la posesión y el uso de la cosa común por todos ellos, uso que es solidario, pues se ha precisado que la utilización de la finca por uno solo de los partícipes en la comunidad hereditaria, excluyendo el goce o uso de los demás, es ilegítimo (SSTS de 18 de febrero de 1987; 7 mayo 2007, Rc.2347/2000). Ahora bien, si se planteasen problemas se habrá de atender a la proporción de la cuota de cada uno, y a ellos se refieren las sentencias de 20 de mayo 1996, 2 octubre 1996 y 30 abril 1999, citadas por la del 7 mayo 2007, Rc.2347/2000”. 

Y es que el uso solidario o compartido que refrenda el indicado precepto, casa mal en la práctica con aquellos supuestos en los que el uso se refiere a una vivienda indivisible y la convivencia de los comuneros es imposible. De ahí, la consideración 12  señala en alusión al precepto citado: “Sin embargo tal solución ha de modularse cuando se dan situaciones singulares, como la que aquí se enjuicia; al tratarse de una vivienda indivisible en que la convivencia de todos los comuneros es imposible por el conflicto permanente que existe entre ellos”.

Por eso añade que: “ (…) la norma general de solidaridad y simultaneidad no puede entenderse de modo absoluto y para todo supuesto, sino que podrá atemperarse a las circunstancias personales y materiales que concurran en el caso enjuiciado. Así lo decidió la sentencia de primera instancia, con apoyo en las sentencias de la Sala que hemos citado, mientras que el Tribunal de instancia las ignoró acudiendo a una aplicación rigorista del artículo 394 del Código civil, con la paradoja de que con la resolución que dicta se mantiene ese uso exclusivo que impide el artículo que interpreta, pero en beneficio de la parte demandada”.

4.- Otra de las cuestiones nucleares en el procedimiento es la determinación de las cuotas de distribución del uso y disfrute de la vivienda litigiosa, que el Alto Tribunal fija en el caso de la madre y esposa del causante, a los efectos de regulación del uso, en una cuota del 33,33% por considerarla más beneficiosa para esta. Sin perjuicio de que , como se señala en la consideración 7 del Fundamento de Derecho Tercero: “La dificultad de decidir las cuotas de los herederos sobre la masa a liquidar estriba en un debate jurídico que escapa de este procedimiento, como sostienen las sentencias de instancia. En concreto se centra el debate en la cuota de doña Herminia en función de la aplicación que se haga del Fuero de Baylio en relación con las disposiciones del Código civil”.

La determinación de las cuotas de distribución de uso, tiene su lógica consecuencia, en la contribución al pago de gastos del inmueble.

5.- Tras la lectura de la sentencia y extramuros de la problemática civil propia del recurso de casación, surgen interrogantes sobre cuestiones procesales a la hora de tramitar en la práctica solicitudes de reparto de uso en aplicación de esta doctrina jurisprudencial. Enumero a continuación algunas, que no dejan de ser lo que son, o sea, meras reflexiones.

Y así, la posible utilidad de solicitar una medida cautelar de reparto de uso en procedimiento declarativo - tanto en un declarativo de análogo objeto al de autos, como en uno dirigido a la extinción del régimen de “pro indiviso” de la vivienda indivisible- y la articulación de dicha solicitud con las exigencias del artículo 728 de la L.E.C.. La improbable tramitación de dicha solicitud de regulación de uso durante la tramitación del juicio de división de herencia (art.782 y ss. L.E.C.) porque no parece  tener encaje en ninguno de los trámites de este; salvo la interposición de un declarativo como en el caso de litis, pero que podría resultar ineficiente al menos desde el punto de vista económico para quien se ve abocado a la tramitación de dos pleitos. En lo que se refiere a la comunidad post-ganancial, la medida del artículo 96 del Código civil que se habrá adoptado con carácter previo en el procedimiento matrimonial de separación, divorcio o nulidad, y que regirá durante la tramitación del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, excluiría la utilidad esta doctrina jurisprudencial. Lo acordado en aplicación del artículo 96 del Código civil en el procedimiento previo de divorcio, separación o nulidad, excluiría también la utilidad de esta doctrina jurisprudencial en los procedimientos dirigidos a la extinción del régimen de "pro indiviso" sobre la vivienda familiar en los casos de regímenes económicos de separación de bienes ;  si es que no se optó ya con carácter previo por la tramitación conjunta del procedimiento matrimonial y la acción de extinción del pro indiviso sobre la vivienda, de conformidad con el artículo 437-4-4ª de la L.E.C.. Y en los casos de comunidad post-ganancial surgida por fallecimiento de uno de los cónyuges, pasada una inicial etapa rigorista de la jurisprudencia que avocaba a la tramitación de dos procedimientos, hoy suele admitirse la tramitación conjunta de la liquidación de sociedad de gananciales y la partición hereditaria (Entre otras muchas, Sentencia AP Asturias, Oviedo, Sección 6ª, 11/2015, de 26 de enero; St.AP.Zamora, Sección 1ª, 26/2014, de 21 de febrero; St.A.P.Madrid, Sección 11ª, 25 de octubre de 2012). De forma que, las operaciones de liquidación de la extinta sociedad de gananciales se realizan en el seno del juicio de división de herencia, si bien con carácter previo a las operaciones de partición de la herencia, al ser presupuesto de esta. Y por tanto, lo dicho más arriba para el juicio de división de herencia, lo doy por repetido aquí.



MARÍA GACIO.
Mondoñedo, 19.12.2016


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