María Gacio
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TARJETAS "REVOLVING": BREVE ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 4 DE MARZO DE 2020. INTERESES USURARIOS.
12/03/2020
La sentencia de 4 de marzo de 2020 (ROJ: STS 600/2020), de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, (Ponente: Rafael Saraza Jimena), desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink Bank S.A. contra la sentencia 402/2019, de 9 julio, dictada en apelación por la sección segunda de la Audiencia provincial de Santander (ROJ: SAP S 976/2019), confirmando así el carácter usurario del interés remuneratorio del crédito “revolving” objeto de autos.

El recurso se fundamenta, al amparo del artículo 477.1 de la L.E.C., en la infracción del artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, conocida también como Ley “Azcárate”.

En la práctica son numerosos los litigios relativos a créditos “revolving”, en los que se ejercita además de la acción de nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses remuneratorios, una acción relativa al doble control de transparencia de la cláusula que fija los mismos, sin embargo, en el presente caso la actora ejercitaba únicamente acción de nulidad por usura. Por eso, el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 1.-, dice:

“ Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario”. 

Además del ejercicio por la actora de la acción declarativa de nulidad por intereses remuneratorios usurarios, con la condenatoria inherente a la misma de reclamar la devolución de las cantidades cobradas en exceso sobre el capital dispuesto, se efectuaba también,  una petición accesoria relativa a los intereses legales desde la demanda hasta sentencia, y los del artículo 576 L.E.C.,  que aunque estimada en la instancia, fue revocada en este punto por la de apelación, al tratarse de una solicitud de intereses sobre una cantidad ilíquida. Pues no en vano, se pedía en el propio suplico de la demanda que las cantidades a reintegrar a la demandante se determinasen en ejecución de sentencia.

Por eso, conviene traer a colación la sentencia de apelación, y el párrafo en el que indica: “(…) por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los artículos 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; como tampoco procede la condena al pago de los intereses contemplados en el artículo 576 LEC., que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas líquidas, sin perjuicio de que se devenguen “ope legis” en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación”.  (Ex Fundamento de Derecho Quinto).

Centrándonos ya en la cuestión relativa a la usura, el eje de la sentencia como no podía ser de otro modo, es la T.A.E. del contrato de crédito “revolving”, que en el caso de autos, a fecha de interposición de demanda era del 27,24%, y superior al fijado con carácter inicial en el contrato de litis, del 26,82 %. 

El Tribunal aborda la cuestión relativa a si la T.A.E. del contrato es notablemente superior al  “interés normal del dinero”, y para ello empieza efectuando un breve análisis de su famosa sentencia 628/2015, de 25 de noviembre (ROJ: STS4810/2015)  - Caso Sygma-, y concluye como justificación al hecho de haber empleado en aquel caso como comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España,  “el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo”. (Fundamento de Derecho Tercero, 3.-).

Por el contrario, en el caso objeto de la reciente sentencia de 4 de marzo de 2020, sí se contaba con dicha estadística diferenciada, y así lo señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Cuarto, 4.-, cuando señala: “En consecuencia, la T.A.E. del 26,82 % del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24% ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que según se fijó en la instancia era algo superior al 20%, por ser el tipo de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia”. 

Además, el Tribunal recuerda que la tarea judicial debe ser de ponderación de los elementos que concurran en el caso, ya que el extremo del artículo 1 de la Ley Azcárate que resulta de aplicación, conjuga dos conceptos indeterminados cuales son,  que el interés sea “notablemente superior al normal del dinero” y “manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Labor de ponderación que ha de ejercerse en cada caso concreto, y que por tanto, no ha impedido declarar usurario el contrato de esta sentencia de 4 de marzo de 2020, aunque la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de “interés normal del dinero” (algo superior al 20% anual) y el tipo de interés remuneratorio – siendo más precisos, la T.A.E.- , es inferior a la diferencia que existía en el Caso Sygma.

El Tribunal califica dicho índice de “muy elevado”, y partiendo de lo anterior, considera que “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”Ex Fundamento de Derecho Quinto, 6.- de la sentencia-.

Al considerar que un tipo algo superior al 20% anual es ya muy elevado, el Tribunal concluye entonces que  una T.A.E. como la del contrato litigioso,  ha de considerarse notablemente superior al “interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso”. Así, señala en el Fundamento de Derecho Quinto, 7.-: “Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de “interés normal del dinero” y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como notablemente superior a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes”. 

Comparativa que parece realizar con la T.A.E. a fecha de formalización de contrato (26,82%), que recuérdese era inferior a la vigente a fecha de interposición de demanda (27,24 %).

Además, señala el Tribunal en el Fundamento de Derecho Quinto, 9.- en relación a la comercialización de este tipo de contratos que: “ Como dijimos en nuestra anterior sentencia 629/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudados a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.



MARÍA GACIO
FOZ, 12.03.20











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