María Gacio
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COVID-19. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES, SIN PLAZO ESPECIAL, DEL CÓDIGO CIVIL.-
05/05/2020
La crisis causada por la pandemia por Covid-19, en la que a las irreparables pérdidas humanas hay que sumar  los efectos negativos, cuando no devastadores,  que a nivel social y económico ya se le atribuyen, nos traslada nuevamente a un escenario de incertidumbre y cambios.

Y esto, cuando ni siquiera habíamos llegado a calibrar en toda su magnitud las consecuencias de la crisis financiera, que desde un punto de vista jurídico, dio lugar a un conglomerado de normas y  jurisprudencia, que ha transformado en numerosos aspectos el ordenamiento civil. 

La disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, (B.O.E. nº67, de 14 de marzo de 2020) establece que: “Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

Una de las reformas de mayor calado en el ámbito civil se produjo con la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (BOE nº239, de 6 de octubre de 2015), que entre otras cuestiones, modificó el texto originario del artículo 1964 del Código civil, sustituyendo así el plazo general de prescripción de las acciones civiles, pasando de quince a cinco años.

La entrada en vigor de dicha ley se produjo el 7 de octubre de 2015, y en su disposición transitoria quinta establecía que: “El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del código civil”.

Lo anterior suponía que el plazo de prescripción de las acciones personales, sin plazo especial, nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y 7 de octubre de 2015, vencería el 7 de octubre de 2020. 

Así lo recordaba la reciente sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2020 (ROJ: STS 21/2020) que desglosaba en el fundamento de Derecho tercero los diferentes escenarios que surgían de la aplicación de los mencionados preceptos del código civil:

“(…) (i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000:  estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción originaria del art.1964 Cc.

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art.1939 Cc., no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años conforme a la vigente redacción del art.1964 Cc.”.


No obstante lo anterior, al haberse decretado en virtud del R.D. 463/20, de 14 de de marzo, la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones, estos se hallan paralizados.  Ya que, como explicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2006 (Roj:STS 1782/2006), en su fundamento de Derecho segundo: “:.. la suspensión de la prescripción paraliza esta, no corre el tiempo para la misma, pero no inutiliza el ya transcurrido; así cuando desaparece la causa de la suspensión, sigue –no comienza de nuevo, como en la interrupción- el cómputo del tiempo para la prescripción”.

En conclusión, si la problemática en torno a los efectos y aplicación práctica  de la reforma de 2015 no podía darse aún por zanjada–piénsese, por ejemplo, en los efectos de interrupción de la prescripción y reinicio del cómputo del plazo, o la determinación del plazo de prescripción en el  caso de obligaciones aplazadas-,  ahora viene a sumarse la derivada de la suspensión de los plazos de prescripción acordada por R.D.463/20, de 14 de marzo. 


NOTA:

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (B.O.E. 23 de mayo de 2020), señala en el art.10:

"Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. .

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones".





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