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02/10/2014
Más de un@ al leer el titular, pensará que voy un poco retrasada en esto de escribir sobre la dimisión del anterior ministro de justicia. Pero es que el exceso informativo tiene estas cosas: abruma, despista (como ya comentamos en el blog), y también provoca la tramposa sensación de que una semana en vez de 7 días tuviera 70.

Hoy es jueves 2 de octubre, y Gallardón anunció su dimisión el martes de la semana pasada, 23 de septiembre. No hace tanto tiempo.

También escribí ya, que este blog es (no sólo) de Derecho. Y podría añadir que me encantaría escribir para observadores inquietos, que miran el mundo con interés. (Sé que sois así).

Todo esto viene a cuento por varias cosas. Con la noticia de la dimisión del anterior ministro, no creo exagerar si digo que los profesionales del Derecho – y también muchos ciudadanos- coincidimos en la idea de que su paso por el ministerio bien pudiera titularse  “crónica del desastre”. Hasta ahí, bien. 

Pero yo no creo en los juicios excesivos - sino con mesura (*)-. Por eso  no acabo de creerme que la “crónica del desastre” tenga un solo autor; ni que el repertorio de iniciativas y propuestas en materia de justicia haya que atribuirlo en su totalidad al anterior ministro.

Sin ir más lejos, el anteproyecto de Ley orgánica del Poder Judicial, pasó el Consejo de ministros del 4 de abril de 2014. Anteproyecto que persigue una reforma copernicana del sistema judicial, pues entre otras cosas, supone la creación e implantación en las capitales de provincia de los novedosos tribunales provinciales de instancia . Digo lo anterior, porque el Consejo de ministros, como es obvio, no era sólo Gallardón.

Algunas columnas de opinión apuntan estos días que,  el cruce entre las reformas copernicanas que se pretendían en numerosos ámbitos de la justicia, la total y justificada oposición de todos los sectores profesionales vinculados a la justicia, y la proximidad de las citas electorales,  terminó formando un laberinto al que era difícil, por no decir imposible, encontrarle una salida. 

De modo, que visto el panorama, tengo la sensación de que (después de dos largos años) hubo quien pudo haberse dado cuenta de aquello que escribió Séneca: “A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde”.

Ahora tenemos nuevo ministro de Justicia, que el día de su toma de posesión, por cierto, citó como uno de sus objetivos el análisis y la mejora de la aplicación de la ley de tasas. (Y atención observadores: porque habló de mejora -y suena bien- pero  aplicación no es derogación).

Por eso quise escribir este post. Y es que, en mi condición de abogada, y también de ciudadana, no echaré de menos a Gallardón. Pero al ver lo ocurrido estos últimos días –  poco más de 7, aunque parezcan 70-, creo que es conveniente recordar la definición de Justicia, según Ulpiano.

(*) Justicia es dar a cada uno lo suyo.

Hasta el próximo día. 

(En la foto de hoy, una de las torres de la catedral de Mondoñedo. Ciudad maravillosa, reflejo de una parte muy significativa de la historia, la música, y la literatura de Galicia. Mondoñedo es un tesoro).



LA DIMISIÓN DEL MINISTRO Y LA JUSTICIA (SEGÚN ULPIANO)
29/09/2014
Ayer leí en "La Voz de Galicia" que en materia de tribus urbanas, los ya conocidos “hipsters” empiezan a mostrar signos de agotamiento, a favor de los “twees”. Al parecer, los seguidores de esta nueva tribu, son firmes defensores de la amabilidad y la tolerancia, como reacción a este mundo violento y cruel.

Oído así, suena bien. Pero sin ánimo de considerar a estos chicos unos ingenuos, hace siglos que sabemos que el hombre es un lobo para el hombre. Y a ver quién contradice a Hobbes.

Lo que sí tengo bastante claro, es que la juventud seguidora de estas tribus, por muy dispares que sean sus gustos, está unida por un hábito común: el uso de las nuevas tecnologías o TICs. Porque internet no hace tanto tiempo que llegó a nuestra vida, pero ya tenemos claro a estas alturas, que lo hizo para quedarse y para cambiar el mundo.

Donde no termina de llegar la revolución tecnológica del todo es, a la administración de justicia. Desde 2002 son varias las leyes, y los planes gubernamentales que lo han intentado. Una de esas leyes, es la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. La ley nació con el objetivo, entre otros, de regular el uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos y los profesionales del Derecho en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Aunque algunas cosas sí se han conseguido, estamos aún a la espera de que el expediente judicial electrónico – sucesor de los actuales expedientes o “autos” en papel- se convierta en realidad. La presentación de los escritos de parte, de momento, tampoco se realiza por medios electrónicos. Y la comunicación por email desde luego no es un modo normalizado ni habitual en las comunicaciones del ciudadano con la administración.

Sea debido (o no) al hecho de que aún no se hayan implementado sistemas de identificación y firma electrónica, lo cierto es que, a este paso, los emergentes “twees” ya habrán pasado de moda, y aún estaremos a la espera de la efectiva y total implantación en la administración de justicia de los TICs.

Hasta el próximo día.

(En la foto, Demóstenes. Cicerón dijo de él que, había sido el orador perfecto. A tener en cuenta,  porque lo dijo Cicerón  y porque Demóstenes era tartamudo.)
TICs
23/09/2014
A.-  EL VACÍO DE LA LEY 2/06 DE DERECHO CIVIL DE GALICIA: EL APODERAMIENTO CONTINUADO Y EL APODERAMIENTO PREVENTIVO O “AD CAUTELAM”. -

El envejecimiento poblacional – que sufre toda Europa- es notorio en Galicia. El legislador autonómico, sin duda consciente de esta problemática, regula en la Ley 2/06 de Derecho civil de Galicia varias figuras sintomáticas de lo anterior. Y así, la regulación de la “autotutela” (arts.42 a 45), del contrato de vitalicio (arts.147 a 156), o la  disposición testamentaria especial del art.204 con la figura del “testamentero”, son prueba de ello.

Los  aciertos indudables del legislador autonómico al abordar la figura de la autotutela, se tornan en desacierto al no regular la figura del poder  o mandato en el caso de, o pese a, la incapacidad o incapacitación del poderdante. Figura que, por el contrario,  sí se regula en la legislación estatal y en otras legislaciones autonómicas, como la catalana, o la aragonesa.

Tanto el poder continuativo “(…) El mandato se extinguirá, también por la incapacitación sobrevenida del mandante, a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación (…)”  como el poder preventivo o “ad cautelam” “(…) o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste”, se regulan aunque de forma tan tangencial como deficiente en el art.1732 del Código civil.

Por el contrario, el Código civil catalán en su art.222-2 que lleva por título “Poder en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad”, es sumamente claro al punto 1.- cuando dispone: “No es preciso poner en tutela a las personas mayores de edad que, por causa de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico no pueden gobernarse por sí mismas, si a tal efecto han nombrado a un apoderado en escritura pública para que cuide de sus intereses”.

El legislador catalán, sin duda más audaz que el legislador estatal, convierte al poder del art.222-2-1 en una alternativa legal y real al procedimiento judicial de incapacitación, que de ese modo, se evitaría. (Cosa distinta es que, al tratar esta cuestión desde la perspectiva de los derechos autonómicos, indefectiblemente se acabe tratando la espinosa cuestión competencial; en lo que no voy a detenerme porque no es objeto de esta breve nota).

En el caso de Galicia, la legislación autonómica no contempla la figura, y aunque podría hacerse uso del poder en los términos contemplados por el legislador estatal, conviene tener en cuenta que el legislador del Código civil ha sido bastante más cauto.  Y es que la literalidad del art.1732 del C.c., cuando dispone que: “En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”; remarca que el poder (tanto el continuativo como el preventivo) pueden seguir desplegando su eficacia pese a la incapacitación judicial del poderdante, pero no se convierten – como sí ocurre en el caso catalán- en una posible alternativa a ésta.

No creo que pueda discutirse –caso de admitirse que goza de título competencial para ello- que el legislador gallego ha desaprovechado la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de un importante segmento de  población gallega, en las que la incapacitación judicial se tramita para dar respuesta a una situación concreta o aislada, cual es, el otorgamiento de un negocio jurídico concreto en el que el presuntamente incapaz es parte interesada. 

Cosa distinta es que, como contrapartida a esta posibilidad desaprovechada, habrían tenido que reforzarse los controles a la actuación del apoderado, lo que sin duda es absolutamente necesario, a fin de evitar abusos en el ejercicio del poder, que pudieran suponer una desprotección personal o patrimonial de la persona afectada de incapacidad - pero no  incapacitada judicialmente-. 

Con todo y eso, en el escenario que manejamos en la actualidad,  los controles preventivos de la actuación del apoderado debieran reforzarse, pues en numerosas ocasiones, el poder continuativo o el preventivo se convierten en alternativas por la “vía de hecho” - aunque no de derecho- a la incapacitación judicial. Remarco lo anterior, pues no pueden obviarse la obligación que señala el art.229 del Código civil, ni el deber que recoge el art.757.2 de la L.E.C..

La práctica me ha enseñado, que es en el contexto reflejado en apartado anterior, donde la tarea de los profesionales del Derecho (abogados, notarios…) se convierte en esencial al objeto de averiguar  la voluntad del poderdante. Y es que nadie  mejor que éste para saber, en previsión de una situación futura de incapacidad si quiere que el poder sea utilizado para vender sólo determinados bienes, por ejemplo, bienes de naturaleza rústica, pero no urbanos ni activos financieros; o si desea que en caso de tener que vender inmuebles se determine en el propio poder el sistema de cálculo del precio adecuado,  mediante la previa designación de peritos de su confianza, o acudiendo a los servicios de una tasadora; o por ejemplo, si desea que ante una posible venta tengan que intervenir personas de su confianza, que se designarían en el propio poder, al objeto de corroborar la utilidad o conveniencia de la venta para la situación patrimonial del poderdante; etc.

La averiguación de la auténtica voluntad del poderdante se convierte en clave para su adecuada protección; pues sólo conociendo dicha voluntad, podrán establecerse los adecuados mecanismos de control a la actuación del apoderado. Controles totalmente necesarios porque el poder suele ser general, y en consecuencia, no sería difícil imaginar la  magnitud de los daños que podrían ocasionarse en la esfera patrimonial del poderdante,  ya que en uso del poder, además de vender, se podrían –entre otros supuestos- pedir préstamos o hipotecar bienes en garantía de deuda ajena.

En conclusión, la introducción de cláusulas idóneas en el poder que respondan a la voluntad y específicos intereses y necesidades del poderdante, refuerzan el dinamismo y utilidad de la figura del poder – sea continuativo o, en su caso, preventivo-; a la vez, que constituyen un importante y eficaz mecanismo de control a la actuación del apoderado



Nota: Los artículos 42 a 45 de la Ley 2/06 de Derecho civil de Galicia han sido declarados inconstitucionales, en virtud de Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2017, de 16 de noviembre (B.O.E. 20 de diciembre de 2017).






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