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15/01/2015
BLOG (NO SÓLO) DE DERECHO
Nos vimos por última vez (virtualmente, claro) el día de Nochebuena y hasta hoy. Llevaba varios días observando –entre papeles y trabajo- la portada de mi blog, y admito que pedía cambio.

Pasaron las uvas, los Magos, y pasaron cosas también que nunca debieran de haber pasado, y aquí estoy de nuevo. La montaña de papeles y el trabajo continúa, pero quería saludaros.

En unos días renuevo – bueno, al menos eso pretendo- la sección de notas, con varios temas importantes. Una de esas notas espero dedicarla a la fiscalidad en materia de sucesiones ( ya sabéis a estas alturas que sucesiones es el término más correcto jurídicamente para el más conocido de herencias) de los seguros de vida en el caso de sujetos pasivos pertenecientes al Grupo II. Y me estoy refiriendo con ello al caso de la regulación contenida en el Decreto legislativo 1/2011 de 28 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.

Aunque, sin duda, la temática que espero ocupe buena parte de este trimestre en mi web serán ciertas cuestiones relativas a las parejas de hecho (inscritas) de la ley de derecho civil de Galicia, que trataré desde la perspectiva civil (relativas a la constitución y a la extinción por ruptura o por fallecimiento); y también desde la tan importante como bastante desconocida perspectiva fiscal o tributaria.

Desde luego, en el caso de las parejas de hecho inscritas de la ley de derecho civil de Galicia, existen una serie de cuestiones legales y jurisprudenciales, que tienes que saber y que (a lo mejor) nadie te cuenta.

Así que, por no ser demasiado conocidas, escribiré sobre ellas en las próximas semanas. 

Hasta el próximo día.

(En la foto la estatua en bronce del escritor Valle-Inclán, con gesto concentrado, admirando la catedral compostelana. Y sí, la foto la tengo de aquella visita a Santiago de C., en la que también paseé  mirando al cielo).
EL GESTO CONCENTRADO DE LA ESCULTURA DE VALLE-INCLÁN Y CUESTIONES LEGALES QUE DEBES SABER Y QUE (A LO MEJOR) NADIE TE CUENTA.-
10/12/2014
BLOG (NO SÓLO) DE DERECHO
(“Nunca será una duda la que nos haga enloquecer, sino una certeza, cualquier certeza”.París no se acaba nunca. E.Vila-Matas)

Comentaba anteayer  que pasear por Santiago de C. supone mirar (prácticamente) al cielo. Y que, por eso, al visitar el “Panteón de galegos ilustres”, me resultó un tanto difícil localizar la tumba de Domingo Fontán. Porque, precisamente se trataba de hacer lo contrario, debía mirar al suelo.

Fue la misma tarde en que dudé en cambiar el sentido de mi paseo.

Y es que, como dedico bastante tiempo a la Ley de Derecho civil de Galicia (ley 2/06, de 14 de Junio), pensaba que no quedaría del todo mal como foto de alguno de mis posts, la sede del Parlamento de Galicia.  Pero al final, opté por visitar el Panteón. Otro día explicaré el porqué.

Aquella tarde, también, ya tenía claro que escribiría unas cuantas entradas en el blog sobre los aciertos, y algún que otro desacierto,  de esta Ley.

Quizá entre las materias más espinosas que regula la Ley autonómica, está la relativa a las parejas de hecho -inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia-, y que el legislador autonómico regula en la ya retocada Disposición adicional tercera de la Ley. Ocurre que, por efecto de esta disposición, a las parejas de hecho inscritas se les aplicaría -según la doctrina mayoritaria-, en defecto de pacto, el de la sociedad de gananciales.

Se produciría así, la paradoja de que, quienes en ejercicio de su libertad personal (art.10.1 Constitución) no quisieron casarse, terminan en una situación (económicamente, al menos) muy similar a quienes sí son matrimonio.

Esta paradoja, podría ser mucho más que un desacierto del legislador autonómico.  Porque es dudoso que la regulación legal en este punto de la norma gallega sea constitucional, aunque por el momento, el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ello. Esto es así, porque las cuestiones planteadas al respecto, fueron inadmitidas por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia, lo que nos impide tener por el momento una sentencia sobre el fondo, que despeje definitivamente las dudas sobre la constitucionalidad de la disposición.

Por eso, en próximos posts  seguiremos tratando algunas cuestiones relativas a la Disposición adicional tercera de la Ley de derecho civil de Galicia,  que en el primero de sus tres apartados señala:  “A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges”. 

Hasta el próximo día.

(Y la foto de hoy, la iluminación propia de la época del año.  Aunque dudo que sea lo mejor que puedas ver, si paseas mirando al cielo en Santiago).







LA ESPINOSA D.AD.3ª DE LA LEY 2/06 DE DERECHO CIVIL DE GALICIA Y PASEAR MIRANDO AL CIELO.-
06/10/2014
BLOG (NO SÓLO) DE DERECHO
"Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida, son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos".

Con esta certera y demoledora frase empieza "La ridícula idea de no volver a verte" (Ed.Seix Barral), un libro de la escritora Rosa Montero, que creo  que merece incluirse en esa categoría especial de libros a la que se refirió Benjamin Franklin cuando recomendó: "Lee mucho, pero no muchos libros".

La cuestión de haber tenido (o no) hijos, precisamente es la que marca el estudio jurídico-legal del patrimonio de una persona al planificar su testamento.

La existencia de hijos, o en su defecto, otros descendientes directos (nietos, bisnietos, etc.)  implica la existencia de un límite legal al testar: la legítima de los descendientes .

El legislador gallego en 2006, redujo las legítimas de los descendientes, de forma que desde la entrada en vigor de la Ley 2/06 de derecho civil de Galicia, la legítima de dos tercios (2/3) de la herencia a favor de los descendientes(arts.808 y 818 del Código civil) quedó reducida a un cuarto (1/4) de la herencia, a la vez que varía su naturaleza (art.243 de la Ley 2/06). (Recalco que me refiero a herencias a las que es de aplicación el Derecho civil de Galicia).

Ahora bien, esta legítima de los descendientes más reducida, es de aplicación para aquellas sucesiones en las que la muerte del causante sea posterior a la entrada en vigor de dicha ley. (Si pensamos en fallecimientos anteriores a la entrada en vigor de la ley 2/06 de Derecho civil de Galicia, la legítima de los descendientes de  ¼ no se aplica, sino la de 2/3).

Detrás de esta opción legislativa está también una filosofía de vida que a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Junio de 2014 sobre la desheredación de los hijos por menosprecio y abandono familiar a los padres –de la que algún día hablaré en el blog- ha vuelto a poner de máxima actualidad la disyuntiva:

¿debería el testador – que ha tenido hijos- contar con plena y absoluta libertad para testar y dejar su patrimonio a quien quiera, o deben existir legítimas a favor de los descendientes?

Y vosotros, ¿qué opináis?

(La foto de hoy, un panel publicitario en Piccadilly Circus en Londres. Por cierto, en el Derecho inglés no hay legítimas).

Hasta el próximo día.






HIJOS
23/09/2014
A.-  EL VACÍO DE LA LEY 2/06 DE DERECHO CIVIL DE GALICIA: EL APODERAMIENTO CONTINUADO Y EL APODERAMIENTO PREVENTIVO O “AD CAUTELAM”. -

El envejecimiento poblacional – que sufre toda Europa- es notorio en Galicia. El legislador autonómico, sin duda consciente de esta problemática, regula en la Ley 2/06 de Derecho civil de Galicia varias figuras sintomáticas de lo anterior. Y así, la regulación de la “autotutela” (arts.42 a 45), del contrato de vitalicio (arts.147 a 156), o la  disposición testamentaria especial del art.204 con la figura del “testamentero”, son prueba de ello.

Los  aciertos indudables del legislador autonómico al abordar la figura de la autotutela, se tornan en desacierto al no regular la figura del poder  o mandato en el caso de, o pese a, la incapacidad o incapacitación del poderdante. Figura que, por el contrario,  sí se regula en la legislación estatal y en otras legislaciones autonómicas, como la catalana, o la aragonesa.

Tanto el poder continuativo “(…) El mandato se extinguirá, también por la incapacitación sobrevenida del mandante, a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación (…)”  como el poder preventivo o “ad cautelam” “(…) o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste”, se regulan aunque de forma tan tangencial como deficiente en el art.1732 del Código civil.

Por el contrario, el Código civil catalán en su art.222-2 que lleva por título “Poder en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad”, es sumamente claro al punto 1.- cuando dispone: “No es preciso poner en tutela a las personas mayores de edad que, por causa de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico no pueden gobernarse por sí mismas, si a tal efecto han nombrado a un apoderado en escritura pública para que cuide de sus intereses”.

El legislador catalán, sin duda más audaz que el legislador estatal, convierte al poder del art.222-2-1 en una alternativa legal y real al procedimiento judicial de incapacitación, que de ese modo, se evitaría. (Cosa distinta es que, al tratar esta cuestión desde la perspectiva de los derechos autonómicos, indefectiblemente se acabe tratando la espinosa cuestión competencial; en lo que no voy a detenerme porque no es objeto de esta breve nota).

En el caso de Galicia, la legislación autonómica no contempla la figura, y aunque podría hacerse uso del poder en los términos contemplados por el legislador estatal, conviene tener en cuenta que el legislador del Código civil ha sido bastante más cauto.  Y es que la literalidad del art.1732 del C.c., cuando dispone que: “En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”; remarca que el poder (tanto el continuativo como el preventivo) pueden seguir desplegando su eficacia pese a la incapacitación judicial del poderdante, pero no se convierten – como sí ocurre en el caso catalán- en una posible alternativa a ésta.

No creo que pueda discutirse –caso de admitirse que goza de título competencial para ello- que el legislador gallego ha desaprovechado la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de un importante segmento de  población gallega, en las que la incapacitación judicial se tramita para dar respuesta a una situación concreta o aislada, cual es, el otorgamiento de un negocio jurídico concreto en el que el presuntamente incapaz es parte interesada. 

Cosa distinta es que, como contrapartida a esta posibilidad desaprovechada, habrían tenido que reforzarse los controles a la actuación del apoderado, lo que sin duda es absolutamente necesario, a fin de evitar abusos en el ejercicio del poder, que pudieran suponer una desprotección personal o patrimonial de la persona afectada de incapacidad - pero no  incapacitada judicialmente-. 

Con todo y eso, en el escenario que manejamos en la actualidad,  los controles preventivos de la actuación del apoderado debieran reforzarse, pues en numerosas ocasiones, el poder continuativo o el preventivo se convierten en alternativas por la “vía de hecho” - aunque no de derecho- a la incapacitación judicial. Remarco lo anterior, pues no pueden obviarse la obligación que señala el art.229 del Código civil, ni el deber que recoge el art.757.2 de la L.E.C..

La práctica me ha enseñado, que es en el contexto reflejado en apartado anterior, donde la tarea de los profesionales del Derecho (abogados, notarios…) se convierte en esencial al objeto de averiguar  la voluntad del poderdante. Y es que nadie  mejor que éste para saber, en previsión de una situación futura de incapacidad si quiere que el poder sea utilizado para vender sólo determinados bienes, por ejemplo, bienes de naturaleza rústica, pero no urbanos ni activos financieros; o si desea que en caso de tener que vender inmuebles se determine en el propio poder el sistema de cálculo del precio adecuado,  mediante la previa designación de peritos de su confianza, o acudiendo a los servicios de una tasadora; o por ejemplo, si desea que ante una posible venta tengan que intervenir personas de su confianza, que se designarían en el propio poder, al objeto de corroborar la utilidad o conveniencia de la venta para la situación patrimonial del poderdante; etc.

La averiguación de la auténtica voluntad del poderdante se convierte en clave para su adecuada protección; pues sólo conociendo dicha voluntad, podrán establecerse los adecuados mecanismos de control a la actuación del apoderado. Controles totalmente necesarios porque el poder suele ser general, y en consecuencia, no sería difícil imaginar la  magnitud de los daños que podrían ocasionarse en la esfera patrimonial del poderdante,  ya que en uso del poder, además de vender, se podrían –entre otros supuestos- pedir préstamos o hipotecar bienes en garantía de deuda ajena.

En conclusión, la introducción de cláusulas idóneas en el poder que respondan a la voluntad y específicos intereses y necesidades del poderdante, refuerzan el dinamismo y utilidad de la figura del poder – sea continuativo o, en su caso, preventivo-; a la vez, que constituyen un importante y eficaz mecanismo de control a la actuación del apoderado.
























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