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18/07/2021
La extensa problemática que orbita en torno a la disposición adicional 3ª de la Ley de derecho civil de Galicia – en adelante, DA3 LDCG- presenta una de sus más controvertidas aristas en los casos de ausencia de pacto regulador de las relaciones económicas y patrimoniales de la unión de hecho inscrita.

En 2013, la sentencia nº 93, de 23 de abril, del Tribunal Constitucional - más allá de las especialidades de la ley navarra a que se refería-  trazó con detalle las líneas que enmarcan constitucionalmente la figura de las uniones de hecho. La sentencia dejaba nítidamente claro que el eje central de cualquier regulación al respecto, debía construirse en torno a la libertad de decisión de los integrantes de la pareja, en cuanto esa libertad es consecuencia del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del artículo 10 de la Constitución.

Lo anterior supuso un "giro copernicano" en la interpretación de la figura que, extrapolado a la normativa autonómica de Galicia, sirvió para subrayar la importancia del apartado 3 de la DA3 LDCG, que en cuanto trasunto del principio de autonomía de la voluntad, dispone:

"Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que estimen convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su extinción, siempre que no sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponden a cada conviviente o gravemente perjudiciales para cada uno de los mismos. Serán nulos los pactos que contravengan la anterior prohibición”

Seguramente otro de los efectos de la STC 93/13, por más que fuera sabido que matrimonio y convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes –STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ3-  es que, al menos inicialmente produjo cierta perplejidad, ya que si los integrantes de la pareja en el ejercicio de dicha libertad decidían no pactar nada en cuanto a sus relaciones económicas y patrimoniales, ningún régimen económico regularía aquellas.

Con anterioridad a la STC93/13, el apartado 3 de la DA3 - fruto de la reforma por Ley 10/2007 de 28 de junio- había estado  básicamente orillado por la opinión doctrinal y académica mayoritaria que tomaba como espina dorsal de la regulación, el apartado 1 de la DA3, y que en conjunción con el artículo 171 LDCG, llevaba en ausencia de pacto y sin mayores ambages, a suponer la aplicación del régimen legal supletorio de gananciales, por cuanto el precepto señala: “(…) En defecto de convenio o ineficacia del mismo, el régimen será la sociedad de gananciales”.

Otra cosa fue, cuando hubo de  contrastarse  este precepto y el razonamiento de la STC 93/13 a propósito del apartado 3 del artículo 5 de la Ley navarra, en concreto el fragmento en que el Tribunal señala:

“A primera vista podría pensarse que la norma resulta respetuosa con la voluntad de los integrantes de la pareja estable, en la medida en que solo se les aplicaría si no hubieran pactado al respecto. Sin embargo, esta primera apreciación decae si consideramos que, en el caso de los miembros de la pareja no hubieran pactado nada sobre el particular, resulta imperativa la aplicación de la norma prescindiendo de exigencia alguna de constatación de su voluntad de aceptarla; voluntad, que por tal razón, se ve violentada, con la consiguiente infracción del artículo 10.1 CE” (Ex fundamento de Derecho 11). 

Como quiera que la infracción del indicado derecho fundamental suponía la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad del precepto impugnado, desde dicha STC 93/13 hemos tenido que convivir aunque solo sea en el estrecho margen de una mera hipótesis, en un escenario de no pocas conjeturas en torno a la dudosa constitucionalidad de la regulación autonómica de Galicia, al menos en ese punto. Ahora bien, el artículo 5.2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas e inadmitidas a trámite en el caso de la regulación autonómica gallega, determinan que no podamos extralimitarnos del escenario cierto de su vigencia y aplicación.

Tras la STC93/13 y vigente la DA3 en su integridad, resulta imprescindible prestar atención, una vez más, a un tradicional semillero de conflictos y litigiosidad - principalmente en los supuestos de ruptura de la pareja-, y son los Anexos I y II . Esto es, los impresos administrativos que cumplimentan los integrantes la pareja que desean inscribirse en el  Registro autonómico de parejas de hecho de Galicia, y cuya importancia " revive" cuando se trata de interpretar y ensamblar el contenido que resulta del impreso y la normativa autonómica, tras el cese de la inscripción.

I/  ¿Podría considerarse suficiente a los efectos de tener por constatada expresamente la voluntad de aceptar el régimen legal de la sociedad de gananciales previsto en el artículo 171 LDCG la firma de la declaración genérica contenida en el Anexo II del impreso, y que viene a ser una reproducción del apartado 1 de la DA3, en aquellos supuestos en que  la pareja no ha suscrito un pacto en escritura pública en los términos del apartado 3 de la DA3LDCG? 

Dicho Anexo II señala:

DECLARAN: Su voluntad de constituir una pareja de hecho y equiparar sus efectos a los del matrimonio en los términos recogidos en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. Y así lo hacen para que conste y a efectos del cumplimiento del requisito previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de junio-.

Si ya una respuesta afirmativa a lo anterior es más que dudosa, se hace necesario conjugar tal Anexo II con el Anexo I  que recoge un apartado que lleva por título "Pacto regulador de las relaciones económicas y patrimoniales de la pareja", al que hay que dar contestación marcando "sí" o "no". Si se acude al apartado de dicho Anexo titulado  "Documentación que se presenta", figura "escritura publica del pacto regulador de las relaciones económicas y patrimoniales de la pareja".

Por eso, las dudas interpretativas  emergen en torno al casillero "no" en el apartado del Pacto regulador, porque parece que en tal respuesta tendrían que tener encaje necesariamente dos supuestos posibles y que por radicalmente distintos generan efectos jurídicos muy diferentes, y que son:  la decisión de la pareja que decide no tener régimen económico ni patrimonial alguno, y la de quienes, por el contrario, defienden que  por la vía de la declaración genérica del Anexo II, el firmante manifiesta  su voluntad de ser equiparado en sus efectos al matrimonio y con ello, declararía expresamente que le sea de aplicación el régimen legal de gananciales previsto en el artículo 171 LDCG.

II/ Si, por el contrario, se aborda la ausencia de pacto regulador, tomando como norma de referencia el apartado 3 de la DA3, la redacción del Anexo I tendría más sentido, al menos desde un punto vista literal y gramatical. E implica que el régimen de la sociedad de gananciales solo puede ser asumido por los integrantes de la pareja en virtud de pacto expreso otorgado en escritura pública. Resulta indiscutible que solo por esta vía puede lograrse una mejor tutela del principio de seguridad jurídica.

En todo caso, y más allá de cómo se articulen normas e impresos, no deja de resultar paradójico que, cumplidos quince años de vigencia de la LDCG, y de sus procelosos avatares en esta materia,  al ciudadano profano en Derecho haya de presumírsele el conocimiento exacto del alcance y consecuencias de aquello que para la ciencia jurídica no ha dejado de estar sembrado de confusión y disparidad de criterios.

La problemática de la ausencia de pacto regulador presenta también distintas líneas jurisprudenciales, y así, a modo de ejemplo:

El Auto de 13 de marzo de 2017 (Roj:AAP C 322/2017-ECLI:ES:APC:2017:322), de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 6 Santiago de Compostela, - revocatorio de otro de fecha 19 de octubre de 2016, del Juzgado de primera instancia nº5 de Santiago de Compostela, que estimaba excepción procesal de inadecuación del procedimiento por razón de la materia y sobreseimiento-  y que señalaba : “Realmente, tras la redacción del punto 3 de la Disposición adicional tercera de la Ley de Derecho civil de Galicia, en la reforma introducida por la Ley 10/07 (…) la escritura pública se convierte en una forma ad solemnitatem, impuesta por la ley para la validez del acto jurídico, de constitución de un régimen económico análogo al matrimonial. (…)”.

En sentido contrario, el Auto de 28 de octubre de 2019 (Roj AAP LU 330/2019-ECLI:ES:APLU:2019:330A), de la Audiencia Provincial de Lugo, estima el recurso de apelación contra Auto de 22 de marzo de 2019 del Juzgado de primera instancia nº1 de Lugo, que inadmitía demanda de liquidación de sociedad de gananciales, y dice: “(…) Y no constando el otorgamiento de escritura pública en la que los miembros de la unión de hecho hubieran convenido pactos para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su extinción, tales relaciones económicas se regulan, en virtud del artículo 171 de la Ley 2/2006, conforme a las normas de la sociedad de gananciales, pues la equiparación de  derechos y obligaciones entre cónyuges y convivientes que establece la Disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 conlleva que, en ausencia de pacto, rija entre los miembros de la pareja de hecho el régimen económico de sociedad de gananciales, lo que conlleva acoger el recurso de apelación y declarar adecuado el cauce procedimental elegido, y consiguientemente, acordar la admisión a trámite de la demanda planteada”.



Que ambas resoluciones resuelvan cuestiones procesales no puede llevar a la conclusión de que abordan la ausencia de pacto regulador desde una perspectiva meramente procesal. En el diseño del procedimiento civil,  el legislador estatal configura la liquidación de la sociedad de gananciales como un juicio especial por razón de la materia. De ahí que el análisis procesal en realidad exige - y las resoluciones citadas así lo demuestran- un análisis previo de carácter sustantivo-civil. Esto es, el Tribunal remite al juicio especial de liquidación de gananciales si razona y concluye que el régimen de la pareja de litis es tal. O a la inversa.

En todo caso, ambos Autos son expresivos de cómo los Tribunales llegan a sus respectivas conclusiones siguiendo el itinerario del apartado 3 de la DA3LDCG, o por el contrario, el artículo 171 de la LDCG.

Desde un punto de vista registral, la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública – en adelante, DGSFP- (B.O.E. 8 de julio de 2021), merece también destacarse porque, aunque no se desmarca del criterio iniciado en Resolución de 7 de febrero de 2013 que cita, sí es novedosa al referirse específicamente a la regulación autonómica de Galicia.

La Resolución desestima recurso interpuesto contra nota de suspensión de operación registral relativa a  compra-venta otorgada en escritura pública, en la que los compradores, que habían acreditado su condición de pareja de hecho inscrita, adquirían el inmueble objeto del contrato para su sociedad de gananciales.

La inscripción se había denegado al no haber acreditado pacto regulador de sus relaciones económicas.

Resolución de 21 de junio de 2021, que parte a su vez de la mencionada Resolución de 7 de febrero de 2013 – relativa a la regulación autonómica andaluza- como base de su razonamiento, y con cita además de la posterior Resolución de 11 de junio de 2018 –relativa a la normativa del País Vasco- y que  llega a una conclusión un tanto disruptiva si se tiene en cuenta el apartado 3 de la DA3 de la LDCG:


1º/ Parte de la Resolución de 7 de febrero de 2013, para afirmar: “Así pues, carece de sentido aplicar a las uniones extramatrimoniales el régimen legal supletorio de la sociedad de gananciales, incluso mediante pacto expreso de los convivientes”.


2º/ Toma a su vez la DA3 LDCG, y por eso señala en el Fundamento de Derecho 5 señala: “Debe entenderse que, precisamente por respeto a la autonomía privada, la aplicación de un régimen económico a la pareja de hecho requiere necesariamente una manifestación de voluntad expresa en los términos permitidos por el apartado 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de modo que no cabe considerar que, en defecto de esa explícita manifestación de voluntad, pueda aplicarse “in integrum” el régimen de gananciales a que remite el artículo 171 de dicha ley.


3º/ Si bien matiza que, a efectos registrales, solo cabría un régimen de adquisiciones regido por las normas de la comunidad ordinaria (arts.392 y ss. código civil).

Uno de los vectores de dicho razonamiento se asienta en la naturaleza administrativa del registro de tales uniones, en contraposición a la naturaleza jurídica del Registro de la propiedad, y del Registro civil. Por eso dice –Fundamento de Derecho 4- : “ (…) Esta circunstancia hace que los documentos y títulos que contienen los actos y negocios que resulten inscritos en estos Registros hagan publicidad en perjuicio de terceros de los derechos que resulten de los mismos. A diferencia de estos, el Registro de Parejas de hecho es un registro administrativo, y por tanto, su contenido no perjudica a tercero” (…).”

Y finalmente, y con cita de la ya mencionada Resolución de 11 de junio de 2018, remarca que : “el régimen de la sociedad de gananciales no resulta de aplicación a los efectos de la publicidad “erga omnes” consustancial al Registro de la Propiedad, a pesar de haber sido pactado expresamente” (…) si bien ello no obsta para que, en aras a la voluntad expresamente declarada de los convivientes de hacer comunes los bienes adquiridos durante la convivencia, puedan estos inscribirse a nombre de aquellos, pero deberá realizarse por medio de figuras como la de la sociedad particular, universal o la comunidad de bienes. A estas consideraciones debe añadirse que el régimen de gananciales no solo afecta a los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí, sino que se proyecta a las relaciones con terceros y en el tráfico jurídico, por lo que refiere dotar a dicho régimen de la suficiente publicidad mediante el correspondiente registro jurídico (cfr.artículo 149.1.8ª de la Constitución española)”. 


MARÍA GACIO LÓPEZ
Foz, julio de 2021.








D.AD.3ª LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA: PAREJAS DE HECHO. LA AUSENCIA DE PACTO REGULADOR DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS. LOS IMPRESOS DE INSCRIPCIÓN: ANEXO I Y II. LA RESOLUCIÓN DE LA D.G.S.J.F.P. 21.6.2021 (B.O.E.8.7.2021)
04/12/2020
El artículo 412-5 del Libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, (Ley 10/2008, de 10 de julio. DOGC nº5175, de 17 de julio de 2008. BOE nº190, de 7 de agosto de 2008) bajo el título “inhabilidad sucesoria” tras recoger en el apartado 1 una serie de causas de inhabilidad para suceder, de contenido similar -que no idéntico- a las incapacidades relativas para suceder o prohibiciones legales de los artículos 752 a 754 -ambos inclusive- del Código civil español, dispone en el apartado 2 lo siguiente:

“ 2. Las personas físicas o jurídicas y los cuidadores que dependen de las mismas que hayan prestado servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga al causante en virtud de una relación contractual, solo pueden ser favorecidos en la sucesión de este si es ordenada en testamento notarial abierto o en pacto sucesorio”. 

A su vez, y respecto del pacto sucesorio el artículo 431-7 señala que: “1. Los pactos sucesorios para que sean válidos, deben otorgarse en escritura pública, que no es preciso que sea de capitulaciones matrimoniales”.     

En consecuencia, el legislador catalán convierte la intervención notarial en presupuesto inexcusable del reconocimiento de la capacidad para suceder, siempre que los servicios asistenciales, residenciales o análogos se hayan prestado al causante en el marco de una relación contractual.

Si nos trasladamos a la regulación navarra, la Ley 153 de la Compilación de Derecho civil de Navarra (Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho civil Foral de Navarra. B.O.E. nº57, de 7 de marzo de 1973), también subraya la exigencia de la ordenación sucesoria en tales casos bajo la fe pública notarial y seguramente también maneja con más acierto o precisión los tiempos verbales, cuando señala:

Ley 153. Requisitos para adquirir en casos especiales. Las personas físicas o jurídicas, y los dependientes de las mismas, que presten al disponente, o le hayan prestado, servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga en virtud de una relación contractual solo pueden adquirir a título lucrativo “inter vivos “ o “mortis causa” de aquel si la disposición es ordenada en documento otorgado bajo la fe pública notarial”. 

Los Derechos civiles especiales mencionados han dado respuesta así a una realidad social plenamente consolidada en los últimos años, haciéndolo en el caso navarro mediante la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo (B.O.E. nº137, de 8 de junio de 2019), cuyo Preámbulo abre su apartado I, señalando que: “ I. La actualización del Fuero Nuevo mediante su apertura y acercamiento a la realidad social navarra como objetivo de la presente ley foral”.

El legislador navarro se aparta así del régimen de remisión estática al Código civil español que recogía la Ley 153 antes de su reforma, y que como ya señalé regula como supuestos de incapacidad relativa para suceder los contemplados en los artículos 752 a 754, a los que deben sumarse otros supuestos recogidos dispersamente en el Código, como los previstos en los artículos 257 y 900.

Así las cosas, en el marco legal vigente en el Derecho civil común, la protección dispensada al beneficiario de servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga en virtud de una relación contractual, cuando desea ordenar su sucesión a favor del prestador de aquellos, derivará por un lado, del juicio notarial de capacidad (artículo 685 del Código civil “(…) También deberá asegurarse el notario de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar. (…), en relación siempre con el artículo 666 del Código civil, y en su caso con el artículo 665, así como del control de la ausencia de vicios del consentimiento en el momento de otorgamiento del testamento (artículo 673 Código civil: “Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude”). En el bien entendido que, ambas cuestiones encuentran mayor acomodo en el contexto de un testamento notarial abierto frente al resto de formas testamentarias contempladas en el Código civil, y que por sus características o requisitos resultarían más esquivos a la necesaria protección del causante, que terminaría siendo difusa, cuando no inexistente. 

Finalmente, el Proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Boletín oficial de las Cortes Generales de 17 de julio de 2020) prevé la modificación del artículo 753 del Código civil, cuya redacción en lo que aquí interesa pasaría a ser así: “

Art.753 (…)

Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentren internadas por razones de salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que aquellas estuvieran internadas. También será nula la disposición realizada a favor de los citados establecimientos.

Las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, asistenciales, o de naturaleza análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en la sucesión de este si es ordenada en testamento notarial abierto.

(…)”.



El eje que vertebra la regulación se sitúa en el internamiento de la persona que recibe los servicios de cuidados. Si la persona está internada en un establecimiento, las disposiciones a favor del prestador  de cuidados, son nulas por disposición legal. Por el contrario, si no está internado y ordena su sucesión a favor de quien le preste a título de contrato dichos servicios, debe hacerlo en testamento abierto notarial.

El tenor del precepto puede dar lugar a  una asimilación un tanto sorprendente y paradójica. El internamiento derivado de una situación de discapacidad, o debido a otro tipo de situaciones que aparentemente quedarían bajo el paraguas de la norma, podría suponer en la práctica la privación de la libertad de testar en supuestos en los que el testador ostenta capacidad para testar, pues goza de facultades para tomar decisiones libremente y sin injerencias. 

No se olvide que, el artículo 1 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, señala que “ (…) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Luego el concepto es suficientemente amplio como para que en todos los supuestos de discapacidad no tengan que verse forzosamente comprometidas la capacidad de testar de la persona discapacitada, como manifestación de libre voluntad, pudiendo llevar a resultados prácticos que precisamente la Convención intenta evitar - cuando proclama como principios generales, entre otros, el respeto a la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas-.

El artículo 753 del Proyecto también podría suscitar dudas derivadas de su propia naturaleza de prohibición legal, que por tal debe ser objeto de interpretación restrictiva, y que en su literalidad no se extiende al cónyuge ni a parientes del cuidador - que ha de ser titular, administrador o empleado del establecimiento público o privado en que estuviese interna la persona que recibe la prestación de cuidados-. Anudado a lo anterior, resultaría también dudoso que dicha norma prohibitiva, por serlo, pudiera extenderse al ámbito de la donación, aunque el artículo 636 del Código civil dispone que "... ninguno podrá dar ni recibir por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento...".





MARÍA GACIO
Foz, 4 de diciembre de 2020



LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS A FAVOR DEL CUIDADOR: SUPUESTOS DE INCAPACIDAD PARA SUCEDER. EL PROYECTO DE REFORMA DEL ART.753 DEL CÓDIGO CIVIL. REGULACIÓN EN LOS DERECHOS AUTONÓMICOS.-
11/10/2020
BLOG (NO SOLO) DE DERECHO
Normas aplicadas:

Disposición adicional tercera de la Ley de Derecho civil de Galicia, redactada por Ley 10/07 de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de  Derecho civil de Galicia (D.O.G.A. 2 de julio de 2007). “ Disposición adicional tercera. (…) 2. Tendrán la condición de parejas de hecho las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio (…)”.

Artículo 5 del Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de parejas de hecho de Galicia (D.O.G. 8 de enero de 2008): “Requisitos para la inscripción en el Registro de parejas de hecho de Galicia: Las inscripciones en el registro se realizarán previa solicitud de los miembros de la pareja de hecho acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos: (…) g) Tener uno de los miembros de la pareja la vecindad civil gallega h) Acreditar el empadronamiento de la pareja en el mismo domicilio de algún municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia.”


Artículo 25 de la Ley de Galicia 9/2008, de 28 de julio, de medidas tributarias en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, (D.O.G.A. 8 de enero de 2008) *: “A los efectos de la aplicación de la presente ley, se equiparan al matrimonio las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de parejas de hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio”

(* Vigente a fecha de otorgamiento de contrato y de devengo del impuesto).

Artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2011 –DLg. 1/11-, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado (D.O.G. 20.10.11)): “A los efectos de la aplicación del presente texto refundido, se equiparan al matrimonio las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de parejas de hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio”.

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El interés de la sentencia nº178/20, de 4 de mayo de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Sala de lo contencioso (ROJ:STSJ GAL 1732/2020- ECLI: ES:TSJGAL:2020:1732), resulta de lo siguiente:

Aborda la discriminación que se produce en perjuicio del sujeto pasivo de un impuesto cedido a las comunidades autónomas -en el caso analizado, impuesto de donaciones (ID)-  como consecuencia de la interacción entre el punto de conexión (lugar de ubicación de los bienes, en donaciones de inmuebles) que determina la aplicación de la norma autonómica, y el beneficio fiscal previsto en esta  (en el caso analizado, vinculado a criterios de vecindad civil y empadronamiento), lo que imposibilitaría de entrada que el sujeto pasivo no residente pueda hacer uso del mismo.

El asunto litigioso trae causa de una donación de la nuda propiedad de tres fincas rústicas en Galicia, otorgada en la preceptiva escritura pública, en la que constaba unida documento del Registro municipal de parejas de hecho de Alcobendas (Madrid), relativo a la inscripción de los interesados. Se gira actuación inspectora con propuesta de liquidación y sanción, y previos los trámites correspondientes, se interpone reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Galicia, incorporando la alegación de que donante y donataria son pareja de hecho inscrita en el mencionado registro municipal, y solicitando que el cálculo de la tarifa y la cuota del impuesto de donaciones de la donataria y sujeto pasivo del ID se realice aplicando el beneficio fiscal contemplado en el artículo 12 del DLg 1/11 de Galicia, considerando al sujeto pasivo integrado en el grupo II, y no en el grupo IV. Se desestima la reclamación económico-administrativa, y se interpone recurso contencioso-administrativo.

El TEAR de Galicia no presenta contestación a la demanda, mientras que la representación de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia pide la desestimación del recurso alegando que, de acuerdo con la normativa aplicable al caso, donante y donataria no tienen vecindad civil gallega, ni están inscritos en el Registro de parejas de hecho de Galicia, ni tampoco en el de la comunidad autónoma de Madrid.

Sin embargo, la sentencia del TSJG estima el recurso contencioso-administrativo, con base en lo siguiente:

1.- Señala como punto de partida de su análisis la competencia de Galicia para legislar en materia civil.

2.- Constata el tratamiento discriminatorio del sujeto pasivo que no puede beneficiarse de su inclusión en el grupo II del impuesto, por no residir en la comunidad autónoma de Galicia, al exigir el artículo 5 del Decreto 248/2007 para la inscripción en el Registro de parejas de hecho de Galicia, entre otros requisitos, la vecindad civil gallega de al menos uno de los miembros, y empadronamiento de ambos en el mismo domicilio de algún  municipio de Galicia.

3.- Toma como base la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 3 de septiembre de 2014 (C-127/12) que acoge la STS 242/18, de 19 de febrero (Roj: STS 550/2018- ECLI: ES:TS.2018:550), y concluye que aunque no se trata de un supuesto idéntico, la inaplicación de un beneficio fiscal autonómico por razón del lugar de residencia del sujeto pasivo implica una discriminación, salvo que dicho requisito se entienda cumplido según el lugar de residencia de la pareja.  Señala que esta solución resulta más acorde con el principio de igualdad en el marco tributario (artículos 14 y 31.1 CE).

4.- El Tribunal finaliza su análisis, determinando si donante y donataria reunían la condición de pareja de hecho de acuerdo con la normativa vigente en la comunidad autónoma de Madrid, a fecha de celebración del contrato.

Tiene en cuenta la jurisprudencia del TSJ de Madrid anterior a la STSJMadrid de fecha 27 de junio de 2019, que seguía la sentencia del TC 81/2013, de 11 de abril dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Uniones de Hecho de la comunidad de Madrid, y consideraba que la naturaleza de la inscripción era meramente formal y declarativa. Y puntualiza que  la cuestión a determinar es, si donante y donataria son pareja de hecho conforme a la normativa autonómica madrileña, no si tienen derecho a los beneficios fiscales por equiparación al matrimonio en aquella comunidad. Y a tales efectos, estima suficiente su inscripción en el Registro municipal de parejas de hecho de Alcobendas.


( NOTA :

Si se analiza la sentencia desde un punto de vista estrictamente civil, algunas cuestiones no estarían exentas de puntualización. Así, la competencia para legislar en materia civil de las comunidades con Derecho civil propio, no implica necesariamente competencia para regular todo tipo de materias. Recuérdese la polémica STC 133/2017, de 16 de noviembre, que declaró inconstitucionales los artículos contenidos en la Ley de Derecho civil de Galicia, que regulaban la adopción  (arts.27 a 41) y la autotutela (arts.42-45).

Por otro lado, si se traslada la argumentación contenida en la sentencia a un hipotético supuesto en el que donante y donatario fuesen pareja de hecho constituida conforme a la normativa autonómica de Galicia, entonces ya no sería suficiente la mera inscripción en un Registro municipal a efectos probatorios, si tenemos en cuenta el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro autonómico de Parejas de Hecho de Galicia).





María Gacio
Octubre de 2020.









D.AD. 3ª LEY DE DERECHO CIVIL DE GALICIA: PAREJAS DE HECHO. DONACIÓN DE INMUEBLES UBICADOS EN GALICIA. APLICACIÓN DE BENEFICIO FISCAL A PAREJA RESIDENTE EN MADRID CON VECINDAD CIVIL COMÚN.  SENTENCIA TSJ GALICIA, 4.5.2020.-
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